"Menos cascadas, más universidad", dice, pegado contra una pared de la Avenida de Mayo, uno de todos los carteles que hablan de cascadas en la sede porteña de la cuarta Marcha Federal Universitaria. Hay cascadas en carteles, en canciones e incluso en algunas remeras.

Las canciones y los carteles repiten, más que ningún otro nombre propio, el de Manuel Adorni. El Jefe de Gabinete de la Nación, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, es el funcionario más nombrado por quienes se manifiestan en la Avenida de Mayo, en Diagonal Norte, cerca del Congreso y sobre la 9 de Julio.

Aunque los carteles y las canciones le exigen al Presidente que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, es a Adorni a quien los manifestantes le recomiendan ir de vacaciones a Misiones si le gustan las cascadas y, en el camino, presentar la renuncia como ministro coordinador.

"Ay che Adorni, cómo es que decías que no había plata, que no se podía tener presupuesto en las facultades, pero la cascada cómo la pagaste. Renunciá, renunciá, che Adorni renunciá". La canción se va contagiando a lo largo de la manifestación, mientras la Plaza de Mayo se llena cada vez más. Un cartel dice "Estamos gobernados por una cascada de ignorantes".

Sobre 9 de Julio, el cartel de Nicolás, un ingeniero químico que da diez horas semanales de clase por 200.000 pesos mensuales, sentencia: "El riesgo Adorni hace que tu sueldo no aumente".

"Vengo para que mis hijos tengan las mismas oportunidades que tuve yo", dice Marina, abogada, primera generación de universitarios en su familia. Tiene 36 años y dos hijos en escuela primaria.

"No puedo ni quisiera pagarles una universidad privada, a mí haber podido ir a una universidad pública de excelencia me cambió la vida. Me dio un futuro. Si los docentes cobran salarios de hambre, eso es insostenible para las próximas generaciones", dice mientras marcha con tres amigas que hizo en las aulas de la Facultad de Derecho.

Una de esas amigas es docente en los mismos claustros en los que se formó: cobra algo más de 700.000 pesos mensuales por quince horas semanales de clases. "A eso hay que sumarle el tiempo que dedicamos a preparar las clases, a seguir formándonos, a corregir, a responder dudas por fuera de clase. Para mí es hermoso ser docente, pero se volvió insostenible", asegura.

"Yo doy clases en la FADU y lo complemento con mi actividad privada como arquitecto. Para mí es importante invertir tiempo en la facultad que me formó gratuitamente, pero muchos compañeros, sobre todo los no docentes, no tienen otro ingreso importante y están cobrando sueldos de hambre", explica Mario. Tiene 56 años y es profesor desde hace más de treinta.

Por Diagonal Norte, un grupo de amigas se vistieron de viudas. Se pintaron lágrimas de luto en la cara y se vistieron de negro. En cartones, pintaron las lápidas que duelan. Dicen "Educación pública", "Ministerio de Educación", "Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación" y "Presupuesto universitario". Según advierte el Consejo Interuniversitario Nacional, desde la recuperación de la democracia nunca se había invertido una porción tan baja del PBI en las universidades nacionales: el 0,47 del producto bruto.

Los docentes universitarios que caminan por esta marcha, excepto los titulares de cátedra con dedicación exclusiva, ganan salarios por debajo de la canasta básica total. Los no docentes están en una escala salarial aún más precaria.

"Yo me puse a vender comida. Budines, guiso o locro para las fechas patrias, tortas, lo que sea. Tengo compañeros que salen a manejar con Uber y Didi y no docentes que agarran tres trabajos de limpieza y les alcanza para comer y para la SUBE, nada más. Estamos agotados y en el medio tenemos que ver el cinismo de que de la nada sacan departamentos, casas en el country, de todo", señala Ema, bióloga y profesora de la Universidad Nacional de La Matanza.

"Estudio en la Di Tella. Soy de San Juan, gané una beca por mis notas en la secundaria. Si no, sería imposible para mi familia bancar una universidad así. Vine porque mi historia no es la de mis amigos, que dependen de la universidad pública para forjarse un destino. Es clave que en nuestro país se sostenga un valor que nos caracteriza como la educación pública, por eso vine a todas las marchas que se hicieron, para defenderla. La mayoría de mis amigos y yo misma somos primera generación de universitarios en nuestras familias, no pueden desfinanciar esa posibilidad de crecimiento", dice Yazmín, que tiene 22 años y estudia Relaciones Internacionales.

En la UBA, casi el 60% de los graduados de 2024 eran, como Yazmín, la primera generación de universitarios en sus hogares. Juan Pablo, contador público, es uno de ellos. "Soy el hijo de una mujer que limpia casas y de un ayudante de cocina de un restorán. Yo me recibí y estoy trabajando desde que estudiaba, y soy por lejos el que más gana en casa. Estudiar hace la diferencia, ¿cómo quieren que hagamos las familias que necesitamos la universidad pública y cómo quieren que hagan los docentes con un sueldo destruido? Yo estoy de acuerdo con cuidar la plata del Estado, pero decidir qué se recorta y qué no es político", dice.

"El Gobierno salió a decir que esta marcha es política. Claro que lo es, defendemos la universidad pública, laica y gratuita. Decidir que el hijo de una mucama y un tipo que labura en una cocina no pueda progresar es una definición política sobre el país. A esa definición le decimos que no", remata Juan Pablo.

El Gobierno insiste con no acatar la Ley de Financiamiento Universitario y no depositar los fondos correspondientes a los hospitales que dependen de las universidades nacionales. La calle insiste con advertir que ese recorte de recursos es un límite que muchos repudian. Sobre todo en tiempos de patrimonios investigados y refacciones millonarias.