Un abogado salteño está acusado de haber cometido una serie de delitos económicos, entre los que figuran estafas procesales, usura agravada y abuso de firma en blanco contra personas en situación de vulnerabilidad económica.

La causa cuenta con más de 70 expedientes judiciales para analizar. Además, se realizaron allanamientos en 19 domicilios, secuestraron documentación, dinero y pagarés.

El imputado es L. I. M. G., abogado del fuero local de Salta, acusado junto a una mujer cuya identidad no fue divulgada. La investigación está a cargo de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. La imputación es provisoria y abarca 28 casos de estafas procesales reiteradas, 18 hechos en concurso con falsificación de instrumento privado, 31 en concurso con abuso de firma en blanco y el delito de usura agravada. Ambos imputados adelantaron que declararán por escrito, según informó El Tribuno.

Las autoridades del Juzgado Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos se dieron cuenta que algo sospechoso estaba sucediendo, a partir de la detección de irregularidades sistemáticas en expedientes promovidos siempre por una misma parte actora y patrocinados por el mismo letrado. Entre los patrones que motivaron la alerta figuraban domicilios reiterados para distintos demandados, coincidencias entre las direcciones de actores y demandados, y notificaciones que no lograban concretarse.

La hipótesis fiscal sostiene que los imputados habrían captado a personas con dificultades económicas mediante préstamos informales bajo condiciones abusivas, exigiéndoles la firma de pagarés en blanco que luego eran completados con montos y datos presuntamente falsos o desproporcionados.

Con esos documentos, se promovían juicios ejecutivos en los que se consignaban domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a los supuestos deudores. Esa maniobra impedía que las personas fueran notificadas de manera efectiva, lo que las dejaba en estado de indefensión. Bajo esas condiciones, se habrían obtenido embargos y ejecuciones que derivaron en el desapoderamiento de bienes y la afectación de ingresos de las presuntas víctimas, según detalló el mismo portal local.

Los allanamientos de los casi 20 domicilios se concretaron el 29 de abril y abarcaron viviendas particulares, inmuebles utilizados en los expedientes y el estudio jurídico del sospechoso. En este último, se secuestraron dinero en moneda nacional y extranjera, documentación, expedientes y pagarés vinculados a la causa. También investigaron el domicilio de la mujer de donde incautaron cuadernos, carpetas, comprobantes bancarios y un talonario de pagarés en dólares.

La investigación también puso el foco en una sociedad comercial que habría funcionado como soporte de la operatoria. L. I. M. G., figura como único socio, mientras que la mujer imputada aparece como administradora suplente. Entre las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía se encuentran el levantamiento del secreto bancario del letrado y de la firma comercial, la prohibición de salida del país para ambos imputados, la retención de sus documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados, mientras se lleva a cabo la investigación.

Hace aproximadamente un mes, un abogado de 44 años fue detenido en Quilmes por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusado de una serie de estafas digitales basadas en el robo de datos biométricos para obtener créditos millonarios a nombre de terceros.

La causa se inició en enero, cuando una víctima denunció que Fernando Luis Ochoa le había solicitado fotografías, videos de su rostro y una copia de su DNI bajo el pretexto de cumplir diligencias administrativas. Con esos datos, el imputado habría abierto billeteras virtuales, solicitado tarjetas de crédito y gestionado préstamos bancarios de hasta 20 millones de pesos a nombre de las víctimas. La investigación, a cargo de la UFIyJ N°1 de Quilmes bajo la dirección del fiscal Ariel Rivas, determinó que el mismo método fue utilizado en al menos seis hechos similares entre septiembre de 2025 y la fecha de la detención, tanto en Quilmes como en Berazategui.

Una vez aprobados los préstamos, los fondos eran transferidos y cobrados por Ochoa mediante dispositivos Posnet propios, con los que simulaba operaciones comerciales inexistentes. El perjuicio económico estimado asciende a 500 millones de pesos.

Durante los allanamientos en su domicilio y estudio jurídico la policía secuestró siete teléfonos celulares, cuatro notebooks, dos dispositivos Posnet y 44 tarjetas de crédito a nombre de terceros.