El proceso de recategorización, según la documentación oficial, se basa en los ingresos brutos informados por plataformas digitales. La notificación establece que, si el contribuyente no interpone un recurso dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, el cambio de categoría queda confirmado y no admite modificaciones. El trámite de apelación se realiza exclusivamente a través del sistema de “Presentaciones Digitales”, donde el usuario debe adjuntar la documentación respaldatoria correspondiente.

Girardi precisó: “El contribuyente tiene la posibilidad de presentar un descargo y aportar la documentación respaldatoria que considere pertinente. De no hacerlo dentro de los 15 días desde la fecha de la notificación, el cambio de categoría queda confirmado de manera automática”. La gerente de impuestos destacó, además, que las plataformas digitales deben reportar operaciones cuando los movimientos superan los $50.000.000 en personas humanas, según el régimen de información vigente. Hasta mayo de 2025 estuvo en vigor la normativa anterior, que establecía límites de $400.000 para ingresos o egresos en el período y $700.000 para saldos mensuales.

La diferencia entre los antiguos y nuevos umbrales explica que muchas notificaciones actuales refieran a montos inferiores a los $ 50 millones, ya que derivan de información reportada bajo el esquema previo. Girardi advirtió que revisar si la categoría asignada es correcta requiere un análisis detallado para identificar qué movimientos corresponden efectivamente a actividad gravada y cuáles se relacionan con transacciones personales que no deberían computarse como ingresos.

La misma advertencia fue planteada por el contador Alejandro Rosenfeld, quien subrayó: “A todos nos está llegando de algún cliente al que pretenden recategorizar de oficio porque tiene en Mercado Pago más ingresos que la categoría. ARCA no considera préstamos, venta de un automóvil o cualquier otro ingreso que pudiera haber. Te recategoriza antes de preguntar”. La preocupación de Rosenfeld se centra en que el organismo toma en cuenta el total de fondos ingresados en las plataformas, sin discriminar si corresponden a actividad comercial o movimientos personales.

La documentación de ARCA establece que el contribuyente debe analizar los movimientos informados por las plataformas, identificar cuáles corresponden a actividad gravada y cuáles a préstamos, transferencias personales u otros ingresos no alcanzados. Si el recategorizado considera que los fondos no justifican el cambio de categoría, puede presentar pruebas dentro del plazo estipulado.

Los contribuyentes que no presentan descargo dentro del plazo indicado quedan recategorizados automáticamente y no pueden revertir el cambio para el período fiscal correspondiente. El procedimiento exige que los monotributistas estén atentos a la recepción de notificaciones electrónicas y a la revisión precisa de cada uno de los movimientos informados por las plataformas, con la obligación de presentar pruebas específicas para evitar la confirmación del ajuste de categoría.

Pero las tareas de fiscalización a los monotributistas se dan luego de la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, con el lema del Gobierno de que no va a perseguir contribuyentes, lo que da lugar al debate ante los accionares de ARCA. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, aportó una perspectiva sobre el contexto normativo. Domínguez explicó que “se ha llamado ‘inocencia fiscal’ a muchas situaciones. El año pasado, el Gobierno utilizó el término al aumentar los umbrales de información, eliminar regímenes y crear la declaración simplificada por decreto.

Pero remarcó que la presunción de exactitud de la declaración jurada aplica solo a la declaración de Ganancias Simplificada, donde no ingresan los monotributistas. Incluso en la declaración simplificada, si hay una diferencia del 15% o más del impuesto, el fisco puede considerar lo declarado y lo que obra en sus sistemas. Para los monotributistas, si el organismo detecta depósitos bancarios que superan la categoría, puede recategorizar o excluir al contribuyente, y eso no fue suspendido. Domínguez subrayó: “No existe la inocencia fiscal como principio legal para los monotributistas. El fisco actúa: si según sus sistemas no corresponde el monotributo, procederá a recategorizar o excluir, aunque siempre existe la posibilidad de presentar un descargo si la información no es correcta”.