Rodríguez Machado precisó que el dictamen contó con el respaldo de legisladores del PRO, La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical, MID, Innovación Federal y Provincias Unidas. “El kirchnerismo se dividió: algunos diputados de Massa acompañan la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, pero el núcleo duro rechaza cualquier modificación”, puntualizó. Remarcó la importancia de haber logrado consenso: “No hay que contar las cosas antes de que ocurran, pero hay un consenso bastante grande”.

La presidenta de la comisión también aclaró que el proyecto toma como base la iniciativa del Ejecutivo, pero suma veinte propuestas de otros bloques: “Venimos trabajando desde 2024 sobre el proyecto del Ejecutivo, pero siempre considerando proyectos de diferentes autores que coinciden en que hay que terminar con la ley de la dictadura de 1980”.

Sobre el nuevo enfoque, Rodríguez Machado remarcó la doble función de la reforma: “Tiene dos caras: justicia para las víctimas y la función central de resocializar al menor en conflicto con la ley penal”. Explicó que el sistema prevé penas alternativas a la prisión para delitos menores: “No todos los menores van a tener penas de reclusión. Muchas veces el juez establecerá penas alternativas como tobillera o prohibición de acercamiento a la víctima”.

En cuanto a la definición de la pena y la actuación judicial, aclaró: “Son jueces penales quienes intervienen, no hay jueces de menores específicos, y los fiscales también participan del proceso”. La diputada enfatizó que la reforma privilegia el seguimiento y la rehabilitación: “No es amontonar a menores en un pabellón, lo que buscamos es resocializar al menor”.

Rodríguez Machado detalló el esquema de financiamiento previsto: “Los delitos federales los financia el Estado nacional, pero los delitos comunes dependen de las provincias. Está la posibilidad de conveniar con la Nación cuando la infraestructura provincial no alcance”. Explicó que el artículo cincuenta y uno habilita acuerdos para cubrir gastos en infraestructura, personal y tratamiento de adicciones o problemas psicológicos: “No es solo hacer lugares de reclusión, también hay que prever tratamiento psicológico, de adicciones y la figura del adulto responsable que supervisa al menor”.

La diputada recordó el debate presupuestario: “El proyecto original otorgaba al jefe de Gabinete la facultad de reasignar partidas, pero ahora, con el presupuesto aprobado, el Ejecutivo debe fijar qué fondos y montos aporta el gobierno nacional”. Aclaró que las realidades provinciales son diversas: “Algunas provincias pueden cubrir solas los costos, otras requerirán más inversión en personal o infraestructura”.

Rodríguez Machado respondió a críticas sobre el supuesto punitivismo de la reforma: “La frase ‘delito de adulto, pena de adulto’ resume que si un menor de 14 años tiene discernimiento y voluntad, debe recibir la misma pena que un adulto. No es una agresión ni un exceso de punitivismo”. Aclaró que la ley prohíbe alojar a menores con adultos y establece garantías procesales.

Sobre la percepción social, destacó: “Hay barrios donde los vecinos conocen a los menores que delinquen, pero prefieren no denunciarlos porque temen represalias. Hay una especie de crueldad en lo que hoy está pasando; no se busca la resocialización ni hay juicio justo”. Advirtió sobre el uso de menores por parte de organizaciones criminales: “Actualmente son mano de obra porque saben que no son imputables”.

La diputada cerró con una reflexión sobre la oportunidad histórica: “Esta ley incorpora estándares internacionales y busca un equilibrio entre justicia para las víctimas y resocialización. Es una deuda pendiente desde hace más de cuarenta años”.

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