A partir de la fuga, las autoridades de Uruguay emitieron una Notificación Roja de Interpol, lo que habilitó un intercambio de información entre la Oficina Central Nacional (OCN) Montevideo y la Policía Federal Argentina.

Con la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo de Luis Armella y de la Secretaría Penal N°1, encabezada por Fernando Arturi, se autorizó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio. La detención se concretó cerca de las 13 del 15 de enero pasado, cuando los efectivos observaron a un hombre cuyas características coincidían con las del requerido y procedieron a interceptarlo al salir de la vivienda de la calle Villegas al 3700, en Sarandí.

La justicia uruguaya le imputa a Casanova la pertenencia a una organización delictiva, la participación como cómplice en un delito de hurto especialmente agravado y el tráfico de armas de fuego. También se le atribuye el uso de armas durante el asalto al banco ocurrido el 11 de agosto de 2025. En su oportunidad, la sede judicial uruguaya había dispuesto una medida de cierre de fronteras y monitoreo electrónico, que fue sustituida por prisión preventiva a pedido de la fiscalía.

En paralelo, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA apresaron en la provincia de Corrientes a un sospechoso con pedido de captura internacional, acusado de infringir la Ley 23.737 a instancias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Jorge Sebastián Gallino.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.