4 de febrero de 2026
El foco de la política se corrió hacia Luis Caputo: última negociación por la reforma laboral y el impacto del INDEC

Oficialistas y opositores señalan que la ley laboral está globalmente acordada, con cambios. Pero queda por resolver el punto de Ganancias, rechazado por gobernadores y con dudas sobre el desenlace. El caso del IPC pega en un rubro especialmente sensible para el Gobierno
El artículo impositivo alimenta todo tipo de especulaciones y una de ellas, con origen en provincias, hasta pone en duda la decisión oficial de sostener la rebaja de Ganancias -sin distinción del porte de las empresas y con aplicación inmediata-, porque tampoco las cuentas nacionales estarían en el mejor momento para esa poda. Sería algo así como una combinación de necesidades. “No hay síntomas de mejora de la recaudación. Viene mal desde los últimos meses del año pasado y se repitió la baja en enero. El discurso del Gobierno si cambia de decisión podría descargar las culpas sobre las provincias”, resume una fuente atenta a las últimas señales de la larga negociación.
Fuentes cercanas a gobernadores vienen señalando que existe una baja de recaudación que afecta a sus distritos -por coparticipación federal e impuestos propios-, como resultado de diversos factores, empezando por la caída o freno del consumo. Y ya antes de la convocatoria formal a sesiones extraordinarias circulaba una versión -con origen en gobernadores cercanos a Olivos- sobre la alternativa de escalonar entre este año y el próximo la aplicación de la baja en Ganancias para empresas. Otros hablan directamente de dejar el tema para el 2027. Y esperar que para entonces se note el crecimiento del empleo formal que pronostica el Gobierno.
El ministro convive y trata de evitar las internas en el círculo más estrecho de Olivos, es decir, con Karina Milei y Santiago Caputo, aunque a veces se producen roces, incluso con los dos al mismo tiempo. Pero está claro el respaldo de Javier Milei, esgrimido en estas horas frente al oleaje generado por la decisión de frenar el cambio de IPC. Esa modificación era explicada hasta hace apenas días como un avance en sintonía con el FMI y con los cambios reales en materia de consumo. No sólo lo difundía así el INDEC, para el debut en la medición de enero, sino también el Banco Central y comunicadores formales e informales del oficialismo.
El problema para el Gobierno con el caso del INDEC es más amplio. Incluye y supera la lectura sobre las internas, porque golpea sobre la credibilidad del principal organismo de estadísticas, con interrogantes hacia el frente externo, y porque alimenta sospechas en un terreno especialmente significativo como es la contención de la inflación. Un capital político central para la gestión violeta.
Por supuesto, esa comparación entra ahora en el terreno de las especulaciones y de las operaciones, al punto de que la versión oficial sobre el frustrado estreno del “nuevo” IPC se enfrenta con versiones que lo colocan por encima de los tres puntos. No falta algún señalamiento sobre la alternativa de publicar las dos mediciones para cerrar el tema. En cualquier caso, de mínima, resulta llamativo el nuevo capítulo de costos autoprovocados. En este caso, con Economía en el foco político.


