>Un grupo de gremios estatales, impulsados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se reunió este martes y anunció un paro general con movilización para el mismo día en que la Cámara de Senadores inicie el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La determinación fue adoptada tras un encuentro en el Hotel Héctor Quagliaro, donde participaron representantes sindicales de distintas ramas del sector público, junto a jubilados, abogados laboralistas y académicos.

Según los organizadores, la medida cuenta con el respaldo de gremios de actividades judiciales, salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, bancarios jerárquicos, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otros. El objetivo central es manifestar el rechazo a la reforma laboral y ejercer presión sobre los senadores y los poderes provinciales que, según los sindicalistas, resultan claves para la aprobación del paquete legislativo.

El debate parlamentario sobre la reforma laboral se enmarca en el inicio de las sesiones extraordinarias, que comenzarán el próximo 2 de febrero, con la reforma como uno de los principales puntos de discusión. El oficialismo, que busca aprobar la iniciativa en el Senado, necesita sumar apoyos fuera de sus filas. El diálogo con bloques aliados como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y legisladores provinciales resulta determinante para reunir los 37 votos necesarios para el quórum. Según fuentes legislativas, los radicales mantienen una posición cautelosa y preparan reclamos puntuales para la reunión prevista con la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Uno de los puntos más cuestionados por los sindicatos es la eliminación de la presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo, lo que, según denunciaron, podría perpetuar situaciones de fraude laboral tanto en la administración nacional como en provincias y municipios. Además, señalaron el impacto del artículo 79 del proyecto, que traslada las controversias judiciales laborales donde interviene el Estado nacional al fuero Contencioso Administrativo, desplazando la competencia de la Justicia Laboral y, a su entender, debilitando la protección de los empleados públicos.