La Fiscalía tomó el caso y reunió pruebas sólidas sobre los hechos ocurridos en el seno de una familia loca.

El tribunal, presidido por el juez Carlos Escudero, determinó la responsabilidad penal del acusado en los cargos de abuso sexual continuado, agravado, y promoción de la corrupción de menores de forma continuada. La gravedad de los delitos, sumado al daño comprobado, fue un factor determinante en la aplicación de la condena.

Aunque la Cámara determinó finalmente una condena de 15 años, la sentencia fue definida como de cumplimiento efectivo, ejecutada en el momento de la lectura: el acusado fue esposado y trasladado sin demoras al establecimiento penitenciario de la ciudad de Villa Dolores.

Se trató de un cuidador de caballos de 32 años, identificado con las iniciales F. G., quien deberá cumplir con una pena de diez años de prisión.

Según lo informado por autoridades judiciales, el acusado residía en una localidad próxima a Villa María, donde cumplía funciones como cuidador de caballos en establecimientos rurales.

Durante el juicio, el tribunal recibió numerosos testimonios y peritajes especializados, que resultaron decisivos para acreditar la responsabilidad penal del hombre. Los informes psicológicos y médicos fueron incorporados al expediente y, según consta en los fundamentos de la sentencia, permitieron reconstruir el contexto de abuso y la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas.