441 hechos de estafa y $36 mil millones de embargo: duro golpe para el �??Cositorto de los departamentos�?�
La Justicia amplió el procesamiento contra Vito L�??Abbate y sus hijos, cabezas del grupo Induplack, acusados por la fiscal Mónica Cuñarro del mayor engaño inmobiliario de la historia reciente
>En las últimas horas,
Tras una exhaustiva investigación de la fiscal Mónica Cuñarro, la jueza Paula González decidió ampliar por segunda vez el procesamiento de Vito, hoy preso en el penal de Devoto. Hoy, lo acusa de ser el jefe de una asociación ilÃcita dedicada a cometer 441 hechos de estafa, según el nuevo fallo al que accedió Infobae. El agravamiento en la imputación es notable. En su procesamiento anterior, el patriarca del clan habÃa sido acusado de 85 casos. Su hijo Emanuel Andrés también fue acusado de ser un jefe de la asociación ilÃcita. Sus otros hijos, Juan Ignacio y Santiago David, asà como su colaborador Patricio Gastón Flores -todos ellos detenidos bajo prisión preventiva en diversos penales federales como Ezeiza y Marcos Paz- fueron señalados como miembros. González decidió ratificar la inhibición de bienes de todos los imputados, una medida que ya habÃa tomado a fines de julio último. Los L’Abbate operaban con dos brazos: la inmobiliaria Induplack e Induplack Fiduciaria SA, que administraba los fideicomisos, hoy con un rojo de más de 100 millones en cheques sin fondo.
Con el tiempo, las demandas y causas judiciales comenzaron a apilarse. Induplack no entregaba los departamentos. El grupo sangraba por deudas, atravesado por escraches online de sus vÃctimas.
Entre 2021 y 2022, el grupo Induplack se multiplicó con casi una decena de empresas, la gran mayorÃa cáscaras vacÃas. Los L’Abbate ofrecieron una explicación al respecto:
Un expediente un tanto particular se acumuló a la causa de la jueza González y la fiscal Cuñarro. El expediente investiga el fondo común “Quinquela +Predial Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Ley 27260â€, que involucró a los L’Abbate. El registro del fondo fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores en 2017. “Los beneficios para los inversores se centraban en que, adquirÃan la titularidad de unidades funcionales que luego podrÃan ser vendidasâ€, apuntó González.
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