“Lamentamos la imposición de la pena de muerte, a la que nos oponemos en todas las circunstancias”, ha sostenido, antes de resaltar que la oficina ha pedido en varias ocasiones que los acusados “rindan cuentas en línea con los estándares internacionales” y que “las víctimas tengan acceso a medidas efectivas de remedio y reparación”.

Así, ha manifestado que “esto es particularmente importante cuando, como en este caso, los juicios se han celebrado en ausencia del acusado y han derivado en una condena a muerte”, al tiempo que ha afirmado que el jefe de la oficina, Volker Turk, “espera que Bangladesh avance en un proceso exhaustivo de verdad, reparación y justicia como camino hacia una reconciliación y sanación nacional”.

El veredicto fue dictado por el juez Golam Mortuza Mozumder ante una sala repleta, mientras se transmitía en directo por la televisión nacional, y precede a las primeras elecciones previstas desde su destitución, programadas para febrero de 2026. Entre los elementos clave de la noticia figuran la gravedad de los cargos, el contexto político caótico actual y las repercusiones sociales inmediatas en el país surasiático de 170 millones de habitantes.

Hasina, para quien la Fiscalía había reclamado la pena de muerte por este caso, ya fue condenada a principios de julio a seis meses de cárcel por desacato tras ser imputada por crímenes contra la humanidad al ordenar la represión de las protestas, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra.