Organismos de derechos humanos han cuestionado el operativo: Amnesty International lo calificó de “masacre” y pidió una investigación “independiente e imparcial”, advirtiendo signos de ejecuciones extrajudiciales y la violencia sistemática en contextos de segregación.

Para el Estado, la prisión federal de estos jefes es una jugada funcional: aislar a los mandos, cortar el mando interno y enviar un mensaje de que “nadie está fuera del alcance”. Pero el éxito dependerá del seguimiento: aislarlos no basta si la red de la calle sigue intacta y la corrupción policial o la complicidad social no son abordadas.

En el contexto del crimen organizado brasileño, el CV no es una anomalía: convive con otras facciones como Primeiro Comando da Capital (PCC) y se inserta en la lógica de control territorial, tráfico de drogas y extorsión.