>El fútbol profesional de Turquía atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente, tras el avance de un escándalo de apuestas ilegales y manipulación de resultados que ya repercute en todos los niveles del deporte. Este lunes, un tribunal de Estambul decretó prisión preventiva para Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor –equipo recientemente ascendido a la Superliga turca–, y para siete árbitros investigados en el caso, según informó la agencia EFE. El proceso penal avanza sobre la presunción de que los implicados habrían intentado alterar el desarrollo de diversos partidos de las principales categorías, en medio de una investigación amplia por parte de las autoridades deportivas y judiciales.

La situación de Murat Özkaya ilustra el impacto del escándalo en la dirigencia del fútbol turco. Empresario del sector de alquiler de vehículos, asumió la presidencia del Eyüpspor en 2019, cuando el equipo militaba en la tercera división. Bajo su liderazgo, el club logró el ascenso a la segunda división en 2021 y, dos temporadas más tarde, contrató al histórico ex futbolista Arda Turan como entrenador. El Eyüpspor concretó en 2023 la promoción a la Superliga, máxima división, aunque hoy ocupa los últimos lugares de la tabla. La investigación lo señala por acciones destinadas a influir en los resultados deportivos, lo que impacta directa e institucionalmente a un club en pleno proceso de consolidación en la primera categoría.

El golpe a la credibilidad del torneo se amplifica con la medida anunciada por la TFF de trasladar al comité de disciplina a 1.024 jugadores por su relación con apuestas en el fútbol, de acuerdo con la información recabada por EFE. Del total, veintisiete jugadores pertenecen a equipos de la Superliga, máxima división del fútbol turco, entre los que figuran futbolistas del Galatasaray, el Besiktas y el Trabzonspor. Excepto el Fenerbahçe, todos los conjuntos ubicados entre los diez primeros puestos de la tabla tienen al menos un jugador involucrado en el sumario disciplinario actual.

La federación sostiene una postura de tolerancia cero frente al fenómeno, y reiteró que “erradicará las apuestas de raíz”. De acuerdo al reporte difundido, la mayoría de los árbitros sancionados no obtuvieron ganancias y, de hecho, registraron pérdidas en su participación, aunque el impacto sobre la integridad de los torneos permanece bajo investigación.