8 de octubre de 2025
La Fiscalía General de Ecuador acusó a 17 militares por la desaparición y asesinato de cuatro menores en Guayaquil
Los adolescentes fueron detenidos por una patrulla en diciembre de 2024 y hallados calcinados días después cerca de una base aérea. El caso �??Malvinas�?? expone denuncias de torturas y encubrimiento dentro de las Fuerzas Armadas, en medio de la militarización decretada por Daniel Noboa para enfrentar al narcotráfico
>La FiscalÃa General del Estado de Los adolescentes Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años, desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 luego de ser detenidos en el barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad portuaria, por una patrulla militar. DÃas después, tras una búsqueda que involucró testimonios y pericias tecnológicas, las autoridades hallaron los restos calcinados a pocos metros de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).De acuerdo con el informe presentado el lunes durante la audiencia preparatoria de juicio del caso conocido como ‘Malvinas’, la FiscalÃa acusó formalmente a 16 militares como autores directos y a un coronel en calidad de cómplice, sustentando su caso en testimonios anticipados y peritajes telefónicos, asà como en el análisis secuencial de los hechos de la noche en que ocurrieron las detenciones. El fiscal Christian Farez informó que los adolescentes sufrieron “maltratos verbales y fÃsicosâ€, fueron golpeados violentamente, desnudados y arrojados de vehÃculos militares. En sus palabras, uno de los uniformados incluso “se puso a boxear†con uno de los menores. Además, Farez implicó a un teniente coronel como cómplice por organizar la recolección de la ropa de las vÃctimas después de su muerte, sin notificar ni a la policÃa ni al Ministerio Público.Según el relato inicial proporcionado por los militares y defendido en la primera reconstrucción judicial, los adolescentes habrÃan sido liberados con vida en una zona rural cercana. No obstante, en una segunda reconstrucción, tres de los imputados que solicitaron acogerse a cooperación eficaz afirmaron que los menores fueron sometidos a violencia y humillaciones antes de desaparecer.La FiscalÃa rechazó que los adolescentes hubieran cometido algún delito, desmintiendo un informe militar que justificaba su detención por un supuesto “delito flagranteâ€. La versión oficial se vio cuestionada además por el testimonio de un testigo, que inicialmente aseguró bajo amenaza que los responsables eran miembros de bandas criminales, especÃficamente de Los Ãguilas, pero posteriormente denunció que habÃa sido obligado por personal militar a sostener esa versión.
Tras la denuncia, la FiscalÃa solicitó la audiencia preparatoria de juicio, que se habÃa pospuesto en varias ocasiones debido a recursos presentados por las defensas. Cinco de los acusados optaron por colaborar con la justicia a cambio de atenuantes.
Las familias de Arboleda, Medina y los hermanos Arroyo han exigido por medio de marchas y declaraciones públicas el esclarecimiento de los hechos y la condena de los responsables. El delito de desaparición forzada, agravado por la tortura de menores, prevé una pena mÃnima de 26 años de cárcel en la legislación vigente.(Con información de AFP, AP y EFE)
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