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18 de septiembre de 2025

Complejo panorama para el Gobierno en el Senado con la emergencia pediátrica y el presupuesto universitario

Tras la insistencia en Diputados, en la Cámara alta ni un milagro sería posible. Ambas leyes fueron sancionadas el 21 de agosto pasado con sobrados dos tercios de los votos. La primera obtuvo 62 adhesiones; la segunda, 58. El total del pleno es 72

>Panorama delicado le espera al Gobierno en el Senado, tras la insistencia en Diputados de las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -con el hospital Garrahan como emblema- y que blinda el presupuesto de universidades públicas. En la Cámara alta, ambas iniciativas fueron sancionadas el 21 de agosto pasado con sobrados dos tercios de los votos: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno que es de 72 integrantes.

Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical Carolina Losada (Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió aquí la exposición y fue el único ausente.

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor(IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

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