4 de julio de 2025
Atraparon a un ciudadano brasileño que intentaba ingresar al país con tobillera electrónica y sin documentos

Había cumplido una condena hasta hacía una semana, pero continuaba bajo proceso judicial. Le encontraron un cuchillo oculto en la cintura
Cuando los efectivos del Comando Radioeléctrico de la localidad, le solicitaron la documentación, el hombre no pudo acreditar identidad ni justificar su presencia legal en el territorio. La situación se complicó cuando observaron que portaba un dispositivo utilizado comúnmente para monitorear la ubicación de personas que están bajo arresto domiciliario o con libertad ambulatoria restringida. Esto disparó de inmediato una alerta internacional por el posible incumplimiento de restricciones judiciales.
De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, se estableció que R.G. había recuperado la libertad en Brasil hacía solo una semana tras cumplir una condena por robo calificado. Según las averiguaciones, continúa bajo un proceso judicial en su país. Ante esta información, los agentes locales determinaron que la portación de la tobillera activada estaba relacionada con un régimen de vigilancia impuesto por las autoridades brasileñas.Su desplazamiento fuera de ese radio representa un incumplimiento legal, por lo que el procedimiento quedó en manos de la Justicia de Misiones. En este sentido, intentarán esclarecer si el detenido registra pedido de captura internacional o antecedentes abiertos. Mientras tanto, el individuo permanece alojado en la dependencia policial de San Antonio, al aguardo de los procedimientos de extradición o repatriación que puedan ordenar los tribunales.A fines de abril,El avance en la causa se dio tras su detención en junio del año pasado, cuando intentaba ingresar por el Puente Internacional Tancredo Neves, que une Brasil con la provincia de Misiones. Tras quedar bajo custodia argentina, el caso pasó al Juzgado Federal de Eldorado, a cargo de Miguel Ángel Guerrero. Confirmada la vigencia de la orden internacional de captura, las autoridades judiciales iniciaron de inmediato las coordinaciones con Corea del Sur para organizar su traslado.
La causa se remonta a una supuesta inversión en un desarrollo urbanístico en el barrio de Bundang-gu, cercano a Seúl. Según la acusación, la víctima entregó como anticipo el equivalente a 700 millones de wones (alrededor de 500 mil dólares) para ingresar en el proyecto, que nunca se realizó.
Al investigar, las autoridades confirmaron que la operación había sido una maniobra fraudulenta y solicitaron el arresto internacional de los involucrados.