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6 de junio de 2025

El gobierno de Mendoza subastó la mansión de un ex intendente condenado por corrupción: para qué se usará el dinero recaudado

Fue la primera vez que en la provincia se aplicó la Extinción de Dominio, que permite al Ejecutivo recuperar bienes adquiridos de manera ilícita

>En un evento sin precedentes en la provincia de Mendoza, la mansión del ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, fue subastada por más de 172 millones de pesos. Este hecho marcó el primer uso de la Extinción de Dominio en este distrito, un proceso legal que permite al Estado recuperar bienes adquiridos de manera ilícita.

“La mansión del ex intendente Luis Lobos, obtenida de forma ilícita, fue subastada por más de $172 millones. Este es el primer caso de Extinción de Dominio del país, que impulsamos desde nuestra provincia, permitiendo que lo robado regrese al Estado para beneficiar a la comunidad”, escribió el mandatario.

La propiedad, ubicada en el exclusivo barrio Alto Portal del Sauce, cuenta con una superficie total de 1.666 metros cuadrados, de los cuales 621 son cubiertos, e incluye una piscina y amplios salones.

El remate fue llevado a cabo bajo la supervisión de la martillera María Manucha. Todas las propuestas fueron para pagos al contado, y rondaron entre los 116 y 172 millones de pesos. Finalmente, el monto final exacto fue de $172.241.977,30.

El destino de los fondos recaudados fue claramente establecido por el mandatario mendocino: serán utilizados para la reparación y mejora de establecimientos escolares en la provincia, cumpliéndose así la intención de resarcir a la sociedad con los recursos obtenidos de bienes adquiridos ilícitamente.

Según indicó el Diario Uno, este propósito se alineó con la normativa de la Ley N° 9.151 de Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, que ordena que los bienes provenientes de delitos de corrupción se utilicen para el beneficio comunitario.

La figura central de este caso, Luis Lobos, ex intendente del municipio de Guaymallén entre 2013 y 2015, ya cumple una condena de ocho años de prisión por delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación al Estado y administración fraudulenta.

La suma de ocho años es por dos condenas, una del 2019 y otra del 2022, que se unificó. La primera fue por cuatro años y medio, mientras que la segunda por seis.

Por lo que así se quedaban con la mayor parte de sus sueldos mientras recibían pequeñas sumas bajo el concepto de ayuda social.

El segundo caso se trató de un proceso judicial que incluyó un juicio abreviado por hechos de corrupción cometidos por Lobos, quienes se asumió también la culpabilidad por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar la adquisición de bienes de lujo.

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