26 de febrero de 2025
Quién es Ariel Lijo, uno de los jueces designados por Milei para la Corte Suprema
El magistrado será nombrado en comisión por el Presidente junto a Manuel García Mansilla. Su trayectoria y formación académica y las principales causas en las que intervino
>En agosto, el juez El actual titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 Ariel Lijo realizó la secundaria en el Nacional 7 de San Telmo y estudió Derecho en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde se recibió de abogado. Se especializó en administración de Justicia y Piratería y Fraudes Marcarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Inició En la actualidad, es titular del juzgado federal 4 de Comodoro Py, donde ingresó en 2004 durante la renovación de jueces del menemismo al ser designado junto a Daniel Rafecas, Julián Ercolini y Guillermo Montenegro. Allí tuvo a su cargo causas de alto impacto político, como el caso Ciccone, en el que procesó y envió a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou, a quien también detuvo en noviembre de 2017.A lo largo de su carrera, investigó crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar y condenó al militar Cristiano Nicolaides. También tuvo causas vinculadas al atentado a la AMIA, como fueron las irregularidades en la investigación judicial del caso, y procesó y envió a juicio oral al ex presidente Carlos Menem y al ex juez Juan José Galeano.
Otro de los puntos importantes en su carrera fue el hecho de haber sido uno de los fundadores de la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJUFE), entidad que nuclea a jueces federales de todo el país, y de la que es su actual secretario general. Por otra parte, es autor de numerosas publicaciones académicas, entre ellas: “Parámetros constitucionales para la evaluación de investigaciones con cámaras ocultas”; “Los delitos de tenencia, o el tótem normativo al que se recurre para prohibir con tipos penales constitutivos” (publicado en marzo de 2009 por Editorial Albremática); “La comunicación oficial de decisiones judiciales. Implicancias y desafíos” (publicado en Justicia Argentina On line); “La mirada de los jueces” (publicado en junio 2011 en el Centro de Información Judicial).
En la actualidad, además, se desempeña como profesor de Derecho Constitucional en la Cátedra del Dr. Alberto Dalla Vía, UBA, donde dicta Derecho Constitucional Profundizado y Procesal Constitucional. Y, debido a las vacantes de jueces que hay en Comodoro Py, Lijo también tiene hoy a su cargo los juzgados 6 -donde está la causa por el atentado a la AMIA- y el 12.Ariel Lijo tuvo causas contra el kirchnerismo. La más resonante fue el caso Ciccone, cuando en 2014 el entonces vicepresidente Amado Boudou fue procesado por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”. Como resultado, en 2018 Boudou fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4.También investigó la gestión de Mauricio Macri por el negociado del Correo Argentino. Este expediente, aún abierto, llevó a la indagatoria del exministro Oscar Aguad, y el expresidente está imputado. Recientemente, Lijo tuvo a su cargo la investigación contra el hombre que le arrojó una botella al presidente Milei el día de su asunción.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del Poder Judicial en Argentina. El El procedimiento inicia cuando el presidente de la Nación selecciona a su candidato y envía su nombre al ministro de Justicia. De allí, el expediente avanza hacia el Senado. La Cámara Alta se encarga entonces de revisar el perfil del candidato, entrevistarle, y recoger opiniones de la ciudadanía antes de votar su pliego en sesión.Según una ley aprobada por el Congreso, la Corte debería estar compuesta por cinco jueces. Pero, actualmente, la Corte está compuesta por cuatro miembros: Horacio Rosatti como presidente, Carlos Rosenkrantz como vicepresidente, junto a Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Desde octubre de 2021, la quinta silla se encuentra vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco.Cabe señalar que el proceso también está regulado por el decreto 222/03, firmado en junio de 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que apunta a mantener una serie de pautas en busca de transparencia y la participación de la ciudadanía en el procedimiento llevado adelante en el Poder Ejecutivo, y también un régimen participativo para la etapa ante el Senado de la Nación.En su artículo 3 el decreto también dispone que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.
Las personas incluidas en la publicación que establece el artículo anterior deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el artículo 6° de la Ley de Etica de la Función Pública N° 25.188 y su reglamentación.
Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de 15 días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos.“En un plazo que no deberá superar los 15 días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva. En caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado al Honorable Senado de la Nación, el nombramiento respectivo, a los fines del acuerdo”, se detalla.
“Es la segunda vez que me toca venir a esta Comisión de Acuerdo, ya que la primera fue hace 20 años. Se discutía mi candidatura al Juzgado Federal de la Capital. En ese momento me acompañó mi padre, que ya no está, y mi madre, quien hoy también está acá (momento en el que se emocionó al nombrarla)”, sostuvo el magistrado este miércoles, durante la defensa de su postulación a la Corte Suprema de Justicia. Allí, compartió su visión sobre el estado de la Justicia y sus propuestas para el máximo tribunal. “La Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial debe enfocarse en garantizar el acceso a la justicia eliminando las barreras que hoy en día existen y de este modo hacer que la sociedad pueda gozar de manera efectiva de todos los derechos que la asisten”, aseveró.
El abogado académico Manuel José García-Mansilla fue el segundo candidato que postuló el presidente Javier Milei, en este caso, para ocupar la vacante que el actual ministro Juan Carlos Maqueda dejará en diciembre. Entre 1997 y 2005 trabajó en el departamento de derecho público de un estudio jurídico “Marval, O’Farrell y Mairal” liderado por el Dr. Héctor A. Mairal. Entre 2000 y 2001, completó una maestría en leyes en la Universidad de Georgetown, en Washington, DC. Allí se especializó en derecho constitucional estadounidense, Después trabajó en “Liendo & Asociados”. También desde 2014 es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.
García-Mansilla también integra distintos institutos académicos en Argentina y en el exterior. Desde 2006 es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e integró su Comité Ejecutivo. Desde 2007 integra el Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. También es miembro del Instituto de Derecho Constitucional “Segundo V. Linares Quintana” de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires desde hace más de 10 años, y de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. También es miembro individual de la International Association of Constitutional Law desde 2006.
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