La Policía Federal arrestó en las últimas horas a 15 penitenciarios acusados de las brutales torturas y abusos sexuales a cuatro presas en el penal de Magdalena, confirmaron tres altas fuentes del caso a Infobae.

El hecho, denunciado a comienzos de junio último por la Comisión Provincial de la Memoria, fue investigado por el fiscal Álvaro Garganta, con la colaboración del Servicio Penitenciario Bonaerense y del Ministerio de Justicia bonaerense mismos. La prueba clave fueron las declaraciones de las detenidas mismas, coincidentes entre sí, una escena de tormentos y vejaciones propia de un centro clandestino de la última dictadura militar. Tras el hecho, dos días después, una de las detenidas intentó quitarse la vida.

Así, Garganta requirió el arresto de los 15 sospechosos y una redada en el penal, la Unidad N°51 del SPB, con un documento de 146 págionas. Entre los detenidos se encuentra la jefa de vigilancia y tratamiento del penal, la penitenciaria Daiana Belén Balmaceda, con el rango de alcaide mayor, a cargo del operativo de represión que terminó en las supuestas torturas y abusos.

En medio de los tormentos, la penitenciaria le habría ordenado a una de sus víctimas: "Besame las botas", según reveló Infobae semanas atrás. El fiscal ordenó allanar las casas de los acusados. La casa de Balmaceda es la tercera en la lista. Los delitos en la calificación, precisamente, son: tortura y abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y agravado por el rol de funcionario de una fuerza de seguridad.

Balmaceda misma fue acusada por Garganta de ser coautora de la violación de una detenida y partícipe necesario del abuso de otra, según la imputación del caso.

Otras siete penitenciarias mujeres están involucradas en la denuncia presentada por la CPM, entre ellas la subjefa de la cárcel, la encargada de requisa, personal de Sanidad. Una enfermera fue acusada de falsear un acta para ocultar las lesiones de la víctima a la cual Balmaceda -platense, de 31 años- habría obligado a besar sus botas. Varios penitenciarios varones que participaron de las torturas habrían participado a cara tapada.

El rol de mando de Balmaceda es claro en los testimonios de las detenidas, que el fiscal Garganta consideró creíbles. "Acá es Magdalena, acá no hacen lo que quieren. Que sepan que el penal lo manejamos nosotras", se la oyó gritar. "Las quiero a todas ataditas", la oyó decir otra detenida.

Entre las pruebas del caso, se encuentran los análisis de la Asesoría Pericial a las víctimas, que revelaron diversas lesiones compatibles con la golpiza.

La represión estalló por una pelea en una celda, la número 3 de la prisión, el miércoles 3 de junio por la noche. Los penitenciarios irrumpieron para lanzarle gas lacrimógeno en la cara a las víctimas, y llevarlas arrastradas. El texto completo de la denuncia presentada por la CPM es escalofriante. Un tramo revela el punto límite de las vejaciones:

"Con la escopeta, uno de los masculinos la golpeaba en la cabeza, la espalda y se la apoyó sobre los glúteos al mismo tiempo que se reían entre todos y le decían "Qué lindo culo que tenés" (sic). Estando arrodillada, Balmaceda seguía diciéndole que le lama las botas y como la víctima continuaba negándose le rompieron la ropa interior. Allí comenzaron a meterle la mano en su vagina".

El Servicio Penitenciario Bonaerense, que depende del Ministerio de Justicia provincial a cargo de Juan Martín Mena, tomó cartas en el asunto. El ministro -que consideró verosímiles y veraces los relatos, sumamente detallados en su discurso- decidió firmar la disponibilidad preventiva de los penitenciarios involucrados.

También, removió a la cúpula de la Unidad N°51, para garantizar el trabajo del fiscal, con un sumario propio del área de Asuntos Internos. Dos meses después, llegó la redada de la Federal.