La Corte Penal Internacional (CPI) respondió este martes a las nuevas sanciones de Estados Unidos con una defensa de su independencia y de la función que desempeña bajo el Estatuto de Roma. El tribunal afirmó que las medidas contra dos de sus funcionarios no modificarán su actuación y advirtió que las presiones dirigidas contra jueces y fiscales pueden afectar el sistema internacional creado para perseguir los crímenes más graves.

La reacción se produjo después de que Washington incluyera en su régimen de sanciones a la presidenta de la CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane, y al abogado senegalés Abdoulaye Seye, uno de los principales litigantes de la Fiscalía. Ambos quedaron sujetos a restricciones estadounidenses dentro de una política que la administración de Donald Trump mantiene contra integrantes del tribunal.

La CPI centró su respuesta en las consecuencias que, a su juicio, tiene este tipo de medidas para la justicia internacional. "Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señaló la institución.

El tribunal también sostuvo que las sanciones contra personas encargadas de ejercer funciones judiciales "socavan el Estado de derecho". La institución insistió en que sus magistrados, fiscales y trabajadores actúan en cumplimiento de un mandato otorgado por los Estados que forman parte del Estatuto de Roma.

Más allá de las consecuencias individuales para Akane y Seye, la preocupación expresada por la CPI está relacionada con su capacidad para trabajar sin interferencias externas. El tribunal aseguró que seguirá ejerciendo sus atribuciones "con independencia e imparcialidad" y conforme a las normas que regulan su funcionamiento.

La institución añadió que no abandonará a sus funcionarios frente a las presiones y reiteró su respaldo a las víctimas de los delitos que se encuentran dentro de su competencia. "La Corte no se dejará intimidar", afirmó en su respuesta.

La confrontación entre Washington y la CPI se concentra principalmente en investigaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses e israelíes. Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma y sostiene que el tribunal carece de autoridad para ejercer jurisdicción sobre sus nacionales. Israel tampoco pertenece al tratado y mantiene una posición similar.

La CPI, sin embargo, sostiene que su jurisdicción puede extenderse a determinados hechos cometidos en territorios bajo su competencia, incluso cuando los acusados sean ciudadanos de países que no integran el tribunal.

Uno de los principales puntos de conflicto fue la decisión de la CPI de emitir en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva en Gaza.

La institución también mantiene una investigación sobre posibles crímenes cometidos durante la intervención militar estadounidense en Afganistán. Washington considera que esas actuaciones exceden las atribuciones del tribunal.

Las nuevas sanciones se suman a otras medidas adoptadas previamente contra funcionarios de la CPI. La campaña estadounidense comenzó a intensificarse durante la presidencia de Trump y recibió un nuevo impulso con una orden ejecutiva firmada en febrero de 2025, que habilitó la imposición de restricciones contra personas vinculadas con determinadas actuaciones del tribunal.

Creada en 2002 y con sede en La Haya, la CPI tiene como objetivo investigar y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, bajo determinadas condiciones, el crimen de agresión.

Su funcionamiento se basa en el principio de complementariedad: interviene cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no están dispuestos a investigar y procesar de manera efectiva los delitos comprendidos dentro de su jurisdicción.

En medio de las nuevas sanciones, la Corte dejó claro que su respuesta institucional será mantener sus procedimientos y preservar la autonomía de sus funcionarios. Para el tribunal, la posibilidad de investigar y aplicar el derecho internacional sin recibir represalias constituye una condición esencial para que el sistema de justicia internacional pueda funcionar.