Una mujer falleció en la Maternidad "Dra. Josefina Scaro" de Alto Comedero en Jujuy el 31 de mayo. La noticia generó una investigación formal por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que busca esclarecer las circunstancias del deceso y establecer posibles responsabilidades penales.

La causa se inició tras una denuncia presentada por la familia de la mujer fallecida, lo que motivó la apertura de una causa penal y el inmediato requerimiento de la historia clínica, documentación complementaria y otro tipo de información relevante a organismos competentes.

El caso captó la atención pública por tratarse de un acontecimiento en el ámbito de la salud pública y por la imputación de dos profesionales, cuya actuación está bajo análisis judicial. Según informó Somos Jujuy, la investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, encabezada por el fiscal Aldo Lozano. Junto a la ayudante fiscal Ana Laura Eliazarian, se ordenaron diversas medidas para reconstruir los hechos.

Se programó una autopsia, considerada clave para determinar la causa del fallecimiento y aportar elementos objetivos al expediente. Mientras tanto, el equipo fiscal mantuvo contacto permanente con los familiares de la mujer y con sus representantes legales, informando sobre el avance de las actuaciones según lo permitido por la confidencialidad de la instrucción.

En las últimas horas, el caso registró un avance relevante: dos profesionales de la salud fueron imputados bajo la calificación legal de homicidio culposo. Ambos comparecieron en audiencias separadas ante la fiscalía, además se hicieron presente la querella en representación de la madre de la mujer fallecida.

Allí se les notificó el hecho del que se los acusa y los elementos de prueba reunidos durante la investigación preliminar. Los dos profesionales ejercieron su derecho constitucional de abstenerse de declarar, pero manifestaron su voluntad de colaborar con la investigación.

En medio de la investigación, autorizaron la apertura, análisis y extracción de datos de sus teléfonos celulares, procedimiento que llevará adelante la Dirección de Evidencia Digital del Poder Judicial y cuyos resultados serán incorporados al expediente. Además, se incluyó la recepción de testimonios al personal médico que trabajó durante los turnos asociados al hecho, así como el análisis de las cámaras de seguridad internas de la institución sanitaria.

El proceso judicial continúa en etapa de instrucción, con la fiscalía impulsando nuevas medidas de prueba para esclarecer lo sucedido y determinar si corresponde atribuir responsabilidad penal a los profesionales involucrados. La muerte de la paciente puso en el centro del debate la calidad de la atención sanitaria y los protocolos de actuación en situaciones de emergencia obstétrica.

La fiscalía destacó la necesidad de un abordaje exhaustivo y especializado en este tipo de investigaciones, que requieren la evaluación de evidencia médica, técnica y jurídica. El objetivo es arribar a conclusiones fundadas y transparentes sobre lo ocurrido en la maternidad.

Por el momento, los profesionales de la salud permanecen imputados, mientras se realizan peritajes y se recaban nuevos testimonios. La imputación que podrían enfrentar los profesionales de la salud es la de homicidio culposo, una figura prevista en el Código Penal para situaciones en las que una persona provoca la muerte de otra por imprudencia, negligencia, falta de deber de cuidado o inobservancia de los reglamentos.

Esta calificación implica que no se atribuye intención, pero sí una presunta responsabilidad por acción u omisión en el ejercicio de la función profesional. De confirmarse elementos que prueben mala praxis o incumplimiento de los protocolos médicos, los imputados podrían afrontar sanciones penales y administrativas, que incluyen desde la inhabilitación para ejercer su profesión hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad y las circunstancias que surjan de la investigación.