La Justicia de Salta condenó a siete años de prisión efectiva a un policía de 32 años declarado penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y grooming contra dos menores de edad, en concurso real. La jueza María Victoria Montoya Quiroga también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena, es decir, 14 años.

El condenado es Alberto Gabriel Guaymás, un efectivo de la fuerza policial salteña cuyas víctimas tenían 5 y 12 años al momento de los hechos. La fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, sostuvo la acusación ante el tribunal y subrayó que el imputado "lejos de honrar su función, quebrantó el deber de protección que le competía a quien portaba un uniforme para proteger a la sociedad".

Según consta en la causa, la nena de 5 años era hija de una amiga del acusado. Los hechos ocurrieron una tarde en que la pequeña acompañó a su madre de visita a la casa de Guaymás. Mientras los adultos conversaban en el comedor, la niña miraba televisión en otra habitación. Fue allí donde, de acuerdo con el relato que la menor reprodujo en Cámara Gesell —con las posibilidades simbólicas propias de su edad—, el policía entró al cuarto, se bajó el pantalón y le introdujo su miembro en la boca. También contó que le tocó sus partes íntimas.

La acusación advirtió que, al no haber testigos directos, el análisis del relato de la víctima fue el eje central de la prueba. Ese testimonio se mantuvo consistente a lo largo del tiempo y fue respaldado por declaraciones de docentes, profesionales de salud mental y referentes de una fundación a la que asistía la niña. Las pericias psicológicas incorporadas al debate dieron cuenta de que lo vivido afectó el desarrollo emocional de la menor: los peritos registraron problemas de aprendizaje, episodios de angustia, temor a quedarse sola y una baja marcada en su rendimiento escolar.

El segundo caso involucra a una adolescente de 12 años. Según la imputación acreditada en el juicio, Guaymás obtuvo el número de celular de la menor a partir de una intervención policial realizada en el marco de un llamado al 911. Con esos datos en su poder, inició comunicaciones privadas con la chica, le envió mensajes de tono personal para ganarse su confianza, le hizo preguntas de contenido sexual, le pidió fotografías e intentó coordinar un encuentro. La madre de la adolescente declaró en el juicio y relató que, al descubrir los mensajes, su hija comenzó a sentir miedo y desconfianza hacia la autoridad policial. La familia, además, modificó hábitos y rutinas cotidianas por la sensación de inseguridad que generó la situación.

La fiscal Morales Torino marcó ante el tribunal que la condición de uniformado del acusado no fue un dato menor: Guaymás "aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y, fundamentalmente, la confianza depositada por sus familias". Los delitos fueron encuadrados en los artículos 119 y 131 del Código Penal, que contemplan el abuso sexual y el grooming, respectivamente.

El monto de la pena fue comunicado durante la audiencia de cesura, instancia posterior a la declaración de culpabilidad que la jueza Montoya Quiroga había establecido en una primera resolución.