La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba celebró este jueves una sesión extraordinaria para ratificar el mayor paquete de reformas económicas impulsado por el régimen en décadas, un día después de que el Comité Central del Partido Comunista (PCC) lo aprobara en pleno de urgencia. El proceso, completado en menos de una semana desde el anuncio del 12 de junio, es inusual en un sistema donde el partido único marca los tiempos y la Asamblea ratifica por unanimidad cuanto le llega.

El dictador Miguel Díaz-Canel presidió el miércoles el pleno del Comité Central con el discurso más autocrítico de su mandato. "Hay obstáculos que no vienen de afuera, ni del bloqueo", señaló apuntando a "la lentitud, la burocracia y las normas que impiden a quienes quieren producir". La declaración marcó un quiebre respecto al discurso oficial que durante décadas atribuyó las dificultades cubanas casi en exclusiva al embargo estadounidense vigente desde 1962.

El paquete contempla mayor autonomía para municipios y empresas estatales, recuperación agrícola, apertura del comercio exterior y reforma social. Entre las novedades figura que cubanos en el exterior podrán invertir en igualdad con empresas estatales y capital foráneo —apertura no formalizada hasta ahora— y se prevé reducción de ministerios y sustitución de subsidios generalizados por ayudas focalizadas. Díaz-Canel citó a China y Vietnam como posibles referentes: países de partido único que introdujeron economía de mercado sin ceder el control político. Según el economista Carmelo Mesa-Lago, las empresas estatales controlan cerca del 80% de la actividad económica en Cuba.

Raúl Castro, de 95 años y sin cargo desde 2021, respaldó las medidas en una carta leída ante el Comité Central donde las calificó de beneficiosas. Castro enfrenta cargos por homicidio ante un tribunal federal estadounidense por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida, incidente que causó cuatro muertes. El primer ministro Manuel Marrero aclaró que las reformas "no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado".

Cuba llega a este punto en uno de sus peores momentos económicos en décadas. El bloqueo petrolero impuesto por Trump en enero desencadenó apagones de hasta 30 horas, escasez de agua, alimentos y medicamentos, y la salida de empresas hoteleras, navieras y bancarias internacionales por temor a sanciones secundarias. A ello se suma una contracción acumulada desde 2019. En La Habana hubo protestas espontáneas con cacerolazos en varios barrios.

La velocidad del proceso contrasta con el ritmo habitual de las reformas cubanas, que tardaron años en madurar. El vicepresidente estadounidense JD Vance advirtió que Washington evalúa las acciones de La Habana antes de responder. "Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla", declaró. La administración Trump ha exigido cambios económicos y políticos, y aludió a una posible intervención militar.

En la calle, el escepticismo fue la reacción dominante. "Es una mentira, llevamos 67 años así y cada día empeora", dijo Iris, limpiadora de 58 años con 12 horas sin luz. El reducido sector privado recibió los anuncios con más expectativa. "Ofrecen una oportunidad que puede o no materializarse", afirmó Mario González, gerente de un restaurante en el casco histórico habanero que hace una década rebosaba de turistas y hoy apenas llena unas pocas mesas.

Si las medidas avanzan con la misma celeridad con que fueron aprobadas —algo que en Cuba rara vez ocurre—, la pregunta no es si Washington las encontrará suficientes, sino si llegarán a tiempo para revertir un deterioro que ya se mide en horas de oscuridad.