El Gobierno logró que el oficialismo avance en Diputados en el tratamiento del proyecto de ley para pagarles a los holdouts que ya cuenta con media sanción del Senado.

En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia, los diputados del oficialismo y de los bloques aliados dictaminaron de manera positiva sobre los acuerdos de conciliación con Bainbridge ltd. y otros acreedores como Attestor Value Master Fund.

El dictamen obtuvo 42 firmas y con eso quedó listo para llevarlo al recinto en la Cámara de Diputados la próxima semana.

En el plenario expuso sobre el proyecto el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija: "Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores".

"Esto produce la finalización de estos juicios, que son los principales holdouts que quedaban con litigios activos, y esto elimina riesgos de embargos, etc.", agregó. Junto a él se encontraba Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación.

El titular de la Comisión de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, señaló que el acuerdo que se buscará aprobar en el recinto de la Cámara baja implica el pago de USD 362 millones. Además, que la causa que se podría reestablecer sin el acuerdo podría implicar embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

El sitio especializado El Parlamentario explicó que los legisladores del oficialismo señalaron que existía cierto apuro para aprobar este acuerdo, ya que vence el próximo 30 de junio y sin la aprobación total de ambas Cámaras se reactiva el proceso judicial. "Si no se aprueba el acuerdo conciliatorio, podría caerse", advirtió el titular de Presupuesto y Hacienda.

El bloque de Unión por la Patria presentó objeciones respecto del acuerdo y cuestionó que a su juicio no estaba desgranada "la composición del pago".

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz cuestionó la falta de información y transparencia del gobierno nacional en el tratamiento del proyecto de ley y advirtió que el oficialismo impulsa el pago con "demasiado apuro", sin brindar al Congreso los elementos necesarios para evaluar la conveniencia de la operación para el Estado argentino.

Uno de los principales cuestionamientos que expresó Tolosa Paz y que quedó en el dictamen de Unión por la Patria radica en la ausencia de información que permita determinar si el acuerdo respeta el principio de equidad respecto de los acreedores que participaron de los canjes de deuda de 2005 y 2010. En ese sentido, remarcó que el expediente no aporta datos suficientes sobre el precio de adquisición de los títulos, la rentabilidad obtenida por los fondos litigantes ni la composición económica de los pagos acordados.

"Traen un expediente y se toman el tupé de cambiar los anexos como si fuesen papelitos de colores. Estamos hablando de más de 171 millones de dólares y no han explicado cómo se conforma ese pago", afirmó.

Además, la diputada y varios de sus colegas reclamaron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en la Cámara de Diputados para que brinde precisiones sobre la operación y el rumbo del endeudamiento público. "Desde que es ministro, jamás vino a explicar ni el rumbo económico ni cada vez que toma deuda o viene a pagarle a los holdouts", sostuvo.

Ante el requerimiento de UP, el funcionario nacional precisó que Bainbridge tiene una sola sentencia por 96 millones de dólares y el acuerdo de pago prevé un pago de 66 millones, de ahí que se hable de un ahorro del 30%. En el caso de Attestor, son varias sentencias por 460 millones de dólares, aproximadamente. Este grupo de acreedores embargó fondos depositados en Estados Unidos por USD 300 millones para cobrar su sentencia.