Este miércoles por la tarde, fueron hallados restos óseos humanos en un terreno de la zona alta del barrio Uno, en las inmediaciones del sector conocido como el Mirador, en Plaza Huincul, en la ciudad de Neuquén. El descubrimiento se produjo cuando una persona realizaba tareas de limpieza y desmalezamiento, quien dio aviso de inmediato a las autoridades.

Luego de que se diera la alerta a la línea de emergencias del 911, en el lugar se presentó la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén. De esta manera, los agentes preservaron la escena y dieron inicio a las pericias.

Desde entonces, el caso quedó a cargo de la fiscal Mayra Febrer, quien trazó como objetivo principal determinar la identidad de la víctima. En línea con esto, buscará conocer en qué circunstancias se produjo la muerte y cuánto tiempo habría transcurrido.

Los restos encontrados presentaban un avanzado estado de descomposición, según la información publicada por LM Neuquén. Asimismo, los primeros análisis preliminares sugirieron que la muerte habría ocurrido hace tiempo, aunque la antigüedad exacta recién podrá ser establecida cuando se conozcan los resultados de los estudios forenses ordenados por la Fiscalía.

En relación con las versiones que circularon sobre la presencia de signos de violencia o indicios de un crimen, el fiscal Gastón Liotard advirtió que "aseverar que hubo violencia es absolutamente prematuro". Hasta el momento, dicha información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

En principio, la labor de identificación de restos óseos requiere el envío a un gabinete forense de la ciudad capital. Allí se analizará si es posible determinar, por ejemplo, el sexo, la existencia de lesiones compatibles con violencia o la presencia de elementos reconocibles como ropa, fracturas o prótesis, lo que suele resultar complejo, explicó Liotard.

En caso de que no se logre la identificación en el ámbito provincial, los restos serían remitidos al gabinete forense de la Corte Suprema, en la Ciudad de Buenos Aires. Según el fiscal, en esa instancia se podría establecer una relación genética a partir de los restos, si existe con quién cotejar.

La Policía de Santa Cruz confirmó el hallazgo de los restos hallados en distintos puntos de Río Gallegos correspondían a Aníbal Eduardo Cepeda, el jubilado de 72 años que se encontraba desaparecido desde mediados de abril. La identificación formal se logró el 12 de mayo, tras la autopsia finalizada ese mismo día.

El proceso de identificación se realizó aplicando "los más estrictos protocolos científicos y legales", lo que permitió dar certeza sobre la identidad de la víctima y avanzar en la causa judicial en curso. Tanto la Policía provincial como el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz expresaron su pésame y acompañamiento a familiares y allegados ante la pérdida.

El hallazgo de los restos de Cepeda se produjo el domingo por la mañana, cuando parte del cuerpo fue encontrado en el tanque de agua de un complejo habitacional sobre la calle Moyano, en la costanera de Río Gallegos. Ese mismo día, se localizaron las manos y cabeza de la víctima en otro terreno de Pellegrini al 500, según detalló la publicación de La Opinión Austral.

La intervención policial comenzó tras el llamado de un vecino que reportó movimientos "raros" en la vivienda donde fue hallada la primera parte de los restos. Esta pista permitió identificar un segundo lugar clave para la investigación. De esta manera, las autoridades desplegaron operativos en ambos puntos para recolectar pruebas.

Por el hecho, permanece detenido Marcelo Félix Curtti, pero la investigación continuaba abierta, buscando esclarecer las circunstancias y motivaciones del crimen. Hasta ahora, no se han precisado detalles sobre el vínculo entre Curtti y Cepeda, aunque una de las hipótesis apuntaría a una posible motivación económica.

Además, destacaron que los departamentos donde se hallaron los restos forman parte de bienes decomisados en causas federales vinculadas a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, investigado por lavado de dinero. El predio estaba bajo custodia de Gendarmería Nacional por reiterados hechos de vandalismo y ocupaciones ilegales.