El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó este martes que las movilizaciones que reclaman la salida del presidente Rodrigo Paz tienen conexiones con organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y cuentan con apoyo que trasciende las fronteras del país.

Durante un acto en el Colegio Militar del Ejército en La Paz, donde recibió un reconocimiento tras asumir recientemente la cartera de Defensa, Justiniano sostuvo que la situación actual representa un desafío de seguridad más amplio que una disputa política o social.

"Bolivia enfrenta hoy una amenaza que ya no puede ser vista solamente como un conflicto interno", afirmó el funcionario. Según explicó, detrás de las protestas existen "componentes transnacionales, financiamientos oscuros, intereses criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico" que buscan debilitar las instituciones del Estado.

Las declaraciones se producen cuando el país atraviesa la sexta semana consecutiva de bloqueos de carreteras impulsados por organizaciones campesinas, sindicatos y grupos afines al ex presidente Evo Morales. Los cortes afectan rutas estratégicas y provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal en varias ciudades.

Justiniano sostuvo que algunos sectores radicalizaron sus acciones después de no alcanzar sus objetivos mediante los bloqueos. "No pudieron doblegar al país con los bloqueos" y decidieron "escalar" el conflicto, afirmó. Según el ministro, algunos grupos pasaron "de la piedra a la bala" y buscan imponer sus demandas mediante la intimidación y la violencia.

El funcionario señaló que el Gobierno diferencia entre la protesta legítima y los hechos que considera delictivos. "La protesta pacífica es un derecho, pero la violencia es un delito", remarcó. También advirtió que "ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia".

Las autoridades bolivianas informaron que la crisis ya dejó al menos diez fallecidos. Siete de esas muertes estuvieron relacionadas con la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos, mientras que otras ocurrieron en el contexto de enfrentamientos vinculados a las protestas.

A nivel económico, distintos sectores productivos denuncian pérdidas millonarias. Las estimaciones más recientes calculan un impacto superior a los 2.340 millones de dólares desde el inicio de las movilizaciones a comienzos de mayo.

En medio de la crisis, el presidente Paz promulgó esta semana la ley que regula los estados de excepción. La norma establece el marco legal para una eventual participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno cuando la situación lo requiera. Sin embargo, la medida todavía no está vigente, ya que requiere la emisión de un decreto específico y la posterior validación legislativa.

Justiniano defendió la estrategia del Ejecutivo y rechazó las críticas de quienes reclaman acciones más contundentes. "La prudencia no es ausencia del Estado" y "la voluntad de diálogo no significa renunciar al deber de proteger a Bolivia", expresó.

El ministro aseguró además que el Gobierno actuará dentro de los límites establecidos por la ley.

"Vamos a actuar con legalidad y firmeza", señaló al referirse a quienes, según dijo, intentan convertir el miedo en una herramienta de presión política.

Las declaraciones de Justiniano coincidieron con una nueva intervención pública del ex presidente Evo Morales, a quien el Gobierno identifica como uno de los principales impulsores de las movilizaciones.

Desde el Trópico de Cochabamba, donde permanece desde octubre de 2024 rodeado por sus seguidores, Morales desafió abiertamente a las autoridades a detenerlo. "Presidente, ministros, no me voy a escapar. Agárrenme aquí o mátenme aquí", afirmó.

El ex mandatario aseguró que permanecerá en la región y sostuvo que las fuerzas de seguridad pueden ir a buscarlo allí. "Si tienen que atacar por tierra o por aire, ataquen", declaró.

Morales también acusó al Gobierno de seguir directrices de Estados Unidos y responsabilizó a la administración de Paz por cualquier episodio de violencia que pueda registrarse en Cochabamba.

Sus declaraciones se produjeron después de que el presidente boliviano relacionara los bloqueos con intereses del narcotráfico y promulgara la ley que regula los estados de excepción.

Mientras el enfrentamiento político escala, el Gobierno insiste en que mantendrá abiertos los canales de diálogo, aunque advierte que responderá ante cualquier intento de desestabilización mediante mecanismos previstos por la Constitución y las leyes vigentes.