El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la convocatoria a la marcha federal para el martes 12 de mayo en reclamo de que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización fue confirmada en una conferencia de prensa encabezada por el presidente del organismo y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, junto a gremios docentes y no docentes, estudiantes y autoridades de distintas casas de estudio del país.

Bartolacci advirtió que las transferencias al sistema universitario acumulan una caída de 45,6%, lo que deja a las instituciones operando, en sus propias palabras, "a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades". Esa reducción, afirmó, compromete el funcionamiento cotidiano de las universidades y afecta de manera directa tanto a los trabajadores del sector como a los estudiantes que dependen de programas de asistencia para sostener sus trayectorias académicas.

La situación más urgente, según el rector, es la salarial. Bartolacci señaló que el deterioro de los ingresos del personal docente y no docente constituye "lo más angustiante, lo más dramático" del escenario actual, y advirtió que la falta de actualización de los programas de apoyo estudiantil pone en riesgo la continuidad de muchos alumnos en sus carreras.

El reclamo llega después de un largo recorrido institucional que, según describió Bartolacci, incluyó gestiones ante las autoridades nacionales, presentaciones ante el Congreso en dos períodos legislativos consecutivos y acciones judiciales. La ley fue aprobada por mayoría agravada luego de que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la vetara en su totalidad, y resistió también un intento de derogación en el marco de la discusión presupuestaria de diciembre pasado para el ejercicio 2026.

"Debe haber pocas leyes con tanta legitimidad en la historia institucional argentina", sostuvo Bartolacci en referencia a la norma, que fue defendida en dos instancias parlamentarias distintas. A pesar de ello, el rector señaló que el PEN optó por no acatar lo aprobado por el Legislativo, lo que llevó a las universidades a recurrir a la Justicia. Hoy, según indicó, existen fallos que ordenan al Ejecutivo cumplir con la ley, pero tampoco esa vía produjo respuestas concretas.

Ante ese panorama, el presidente del CIN justificó la convocatoria a la movilización como un paso necesario frente al agotamiento de los canales formales. "Si no valen las gestiones, si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso, si no vale lo que ordena la Justicia, que valga la voz del pueblo de la Nación", afirmó. En esa línea, llamó a que la marcha exceda a la comunidad universitaria y convoque a la sociedad en su conjunto, bajo el argumento de que el acceso a la educación pública de calidad es una garantía que el Estado debe ofrecer a cualquier joven, independientemente de su condición.

La conferencia de prensa reunió a autoridades de varias universidades nacionales, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las de José C. Paz, Guillermo Brown y Río Negro. En representación del sector gremial participaron seis agrupaciones: la Federación de Docentes Universitarios, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Conadu y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, entre otras. También estuvo presente la Federación Universitaria Argentina (FUA), que nuclea a los estudiantes a nivel nacional.

Bartolacci cerró su intervención con una referencia explícita al frente judicial abierto por las universidades: "Tenemos la expectativa y la esperanza de que, tanto en el camino judicial como en la manifestación de la sociedad argentina, podamos encontrar las respuestas que la razonabilidad que el Poder Ejecutivo Nacional debería tener, hoy todavía no aparecen".