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23 de abril de 2026

Allanaron el Ministerio de Salud de Entre Ríos por la causa que investiga el tráfico de fentanilo y propofol

Las autoridades judiciales buscan reconstruir el circuito de compra, almacenamiento y distribución de medicamentos restringidos, tras detectar vulneraciones en los sistemas de control. Hay una enfermera en la mira

El avance de una investigación federal por el presunto tráfico de medicamentos críticos en la ciudad de Paraná volvió a poner en el centro de la escena los controles sobre sustancias de uso hospitalario. En este contexto, la Gendarmería Nacional realizó un operativo en la sede del Ministerio de Salud de Entre Ríos para recolectar documentación clave en el marco de una causa que dirige la Justicia Federal de Chubut.

La pesquisa gira en torno a una ex enfermera del Hospital Materno Infantil San Roque, sospechada de haber manejado de manera irregular medicamentos de alto riesgo.

El caso generó preocupación entre los organismos sanitarios locales, ya que involucra el posible desvío de fármacos sumamente controlados como fentanilo, propofol, remifentanilo, ketamina y morfina. Estas sustancias, esenciales en la práctica médica y con un estricto régimen de seguimiento, están en el centro de una pesquisa que busca determinar cómo y por qué habrían salido del circuito legal.

La ex trabajadora del hospital, que ya no integra el personal estable, quedó bajo la lupa de la Justicia luego de detectarse inconsistencias en el circuito administrativo de los medicamentos.

En este nuevo operativo, los investigadores solicitaron acceder a la totalidad del legajo personal de la ex enfermera, con el objetivo de analizar en profundidad su historia laboral, funciones, jerarquías y responsabilidades tanto en el hospital como en tareas administrativas dentro del Ministerio. La documentación requerida permitirá determinar el alcance de sus atribuciones y evaluar posibles vulneraciones a los sistemas de control.

El requerimiento judicial incluye información sobre los roles específicos que la ex empleada desempeñó y si estos le otorgaban acceso a las sustancias investigadas. Según fuentes del Ministerio de Salud provincial, se entregó toda la información solicitada y se ratificó la voluntad institucional de colaborar con la Justicia.

De acuerdo con lo informado por el portal del Diario Uno de Entre Ríos, la investigación busca establecer si la persona señalada aprovechó su posición para facilitar o encubrir el desvío de medicamentos. El análisis de su legajo y antecedentes laborales resulta central para reconstruir posibles responsabilidades y definir la cadena de mando involucrada.

Los investigadores solicitaron detalles sobre los procedimientos de compra, almacenamiento y distribución, así como los sistemas internos de control y auditoría. El objetivo es identificar eventuales puntos débiles en el circuito oficial que pudieron haber permitido el desvío.

El director del Hospital Materno Infantil San Roque, Alejandro Calógero, fue consultado acerca de un lote específico del laboratorio Celtyc. Según indicó Calógero, ese lote no fue adquirido por el hospital, una declaración que, de acuerdo con el expediente.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que continúa respondiendo a cada requerimiento judicial, manteniendo la disponibilidad de toda su estructura administrativa para colaborar con la pesquisa. El comunicado oficial recordó que la empleada investigada ya no pertenece al personal activo y reiteró su compromiso con la transparencia en el manejo de las drogas.

Las autoridades provinciales señalaron que, durante el operativo, no se incautaron medicamentos, dinero ni armas. El procedimiento, solicitado por la Justicia Federal de Rawson, se desarrolló tanto en la sede central del Ministerio como en el hospital San Roque. Paralelamente, se inició una investigación sumaria interna para esclarecer los hechos.

La causa federal examina tanto las responsabilidades individuales como las falencias institucionales que podrían haber facilitado la salida irregular de los medicamentos. La pesquisa se centra en la necesidad de garantizar el uso seguro y adecuado de sustancias sumamente sensibles, cuyo desvío supone riesgos tanto para la salud pública como para la seguridad.

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