Detuvieron a una mujer por la validación irregular de 3.477 aptos médicos para licencias profesionales de conducir en Salta. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Clínica Cruz Azul, prestadora de servicios de estudios psicofísicos para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que detectó irregularidades en la emisión de certificados de aptitud médica.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, se realizaron allanamientos en tres domicilios de la ciudad de Salta y culminaron con la detención de una empleada administrativa y el secuestro de documentación relacionada con la causa.

La intervención judicial surgió luego de que el apoderado de la Clínica Cruz Azul SRL denunciara el 23 de diciembre pasado a una integrante del personal administrativo. De acuerdo con la información, la clínica, autorizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para emitir estudios psicofísicos requeridos en la obtención de licencias profesionales, detectó diferencias en los registros internos y oficiales de los aptos médicos emitidos.

La alerta se encendió cuando, durante las vacaciones de una trabajadora, la supervisora del área identificó recibos por prestaciones que no figuraban en la contabilidad y certificados de aptitud cargados en el sistema oficial (REPRE) a nombre de personas que nunca fueron atendidas por la institución.

A raíz de esto, la Clínica Cruz Azul solicitó a la ANSV un informe detallado de los certificados emitidos en 2025 y restringió el acceso al sistema, al modificar las claves de usuario.

El cruce de la base de datos interna (GoMedisys) con el registro oficial REPRE arrojó una diferencia significativa: se habrían validado 3.477 aptos médicos sin respaldo en atenciones reales. Esta anomalía motivó el inicio de una investigación interna mientras la empleada señalada presentó su renuncia el 12 de diciembre.

No obstante, el 22 de diciembre se registró la carga de seis nuevos certificados irregulares desde otro usuario, lo que llevó a la clínica a radicar la denuncia formal.

El Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) analizó los sistemas informáticos empleados en la clínica y cruzó los datos entre GoMedisys y REPRE para individualizar a los responsables.

La pesquisa permitió establecer que la empleada administrativa habría sido la encargada de ingresar los certificados de aptitud psicofísica sin respaldo documental y de generar recibos por servicios inexistentes. Además, se solicitó información a entidades bancarias y plataformas digitales con la finalidad de rastrear los movimientos financieros asociados a las maniobras investigadas.

El análisis contable permitió identificar una desproporción considerable entre los ingresos declarados por la empleada y los movimientos en sus cuentas bancarias, con transferencias reiteradas provenientes de personas incluidas en los listados de la clínica. El reporte del MPF señaló que "se identificó un patrón sistemático de operaciones que evidenciaría la percepción de sumas de dinero por fuera del circuito formal".

La investigación, encabezada por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, también permitió identificar a otras dos personas presuntamente vinculadas a la maniobra. Con la información reunida, la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 8 los allanamientos de tres domicilios ubicados en el macrocentro de la ciudad y en el barrio Pereyra Rosas. Durante los operativos se procedió a la detención de la empleada administrativa y al secuestro de elementos de interés para la causa.