Pablo Carlos Molina era titular de la Secretaría Penal 2 del Juzgado Federal de Corrientes. Abusando de ese cargo, decidió falsificar un oficio judicial para ordenar a la Gendarmería el espionaje sobre dos teléfono de Chaco. La medida se tomaba en el marco de una investigación por narcotráfico.

Los números correspondían a Carolina Etel Codutti y Norberto Sucatzky. Se trataba de la esposa de Molina y de un prestamista que también se dedicaba al cambio de divisas. En la adolescencia, Codutti y Sucatzky habían sido novios. El trasfondo era una situación de celos y de sospechas de infidelidad.

El funcionario judicial tomó todos los recaudos para darle verosimilitud a la maniobra. Redactó el escrito en papel membretado del Juzgado, ubicando la medida en un caso en marcha. Luego, consiguió la firma del juez federal Carlos Soto Dávila y la certificó. Agregó los sellos y la remitió a Gendarmería.

Las escuchas tenían que hacerse las 24 horas durante 30 días corridos entre mediados de septiembre y octubre de 2014. Debían intervenirse las llamadas y los mensajes. Algo normal.

Pero el pedido tenía una particularidad. Los audios no debían ser desgrabados ni transcritos. Los registros y los archivos tenían que ser remitidos cerrados a la secretaría Penal que ocupaba el funcionario infiel.

La maniobra quedó al desnudo por una casualidad. Molina dejó la secretaría Penal y pasó a la de Derechos Humanos. Para realizar el traslado de sus pertenencias, pidió a un empleado, Raúl Conforti, que traslade sus efectos personales. El agente judicial encontró los CDs con las grabaciones pedidas por el Secretario en uno de los cajones. Al observar que estaban vinculados a una causa y no eran elementos particulares de Molina, los guardó en un armario bajo llave.

Tiempo después, el juez Federal Juan Carlos Vallejos ordenó el relevamiento de los elementos que había en la Secretaría Penal 2. En ese momento, Conforti entregó los CDs a la secretaria Margarita Portales.

La funcionaria observó que el material estaba vinculado a un oficio, el 178/13, y a una causa, la 257/2012. La investigación estaba vinculada al narcotráfico. El documento estaba firmado por otro funcionario, Federico Grau de la Secretaría Penal 6. Los números telefónicos intervenidos no se correspondían. Vallejos dispuso entonces la apertura de un expediente. Y delegó las pesquisas en la Fiscalía.

Los investigadores corroboraron de inmediato que el oficio que había ordenado la intervención era el 3369. Y que había sido emitido luego de que la causa 257 pasase al archivo.

Además, el contenido de los CDs nada tenía que ver con el narcotráfico. Lo que escucharon fue que Molina se diría a su pareja con violencia, mediante constantes insultos, amenazas y agresiones.

Más adelante se constató que el funcionario judicial infiel había introducido la intercepción de dos líneas de teléfono de Chaco en una causa que investigaba una banda que operaba en Laferrere y en Mendoza.

Molina fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público en julio de 2025. El pasado 8 de abril de este año, en un fallo de 41 páginas, la Cámara de Casación Penal confirmó la decisión. El ex funcionario cumplirá además 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.