La investigación por explotación laboral y violencia infantil en el hogar convivencial "Nido de Águila" de Florencio Varela derivó en la detención de las responsables del establecimiento y el rescate de los menores en condiciones inhumanas. En las últimas horas, el Gobierno nacional se pronunció públicamente al respecto y desde el Ministerio de Capital Humano anticiparon que pedirán un detalle del control que se ejercía sobre el hogar.

Sandra Pettovello, indicó en un tuit que la cartera que conduce "ha adoptado distintas acciones en el marco de sus competencias legales y de rectoría del sistema de protección integral". De acuerdo con lo que pudo saber Infobae de un informe de las autoridades judiciales, 13 chicos eran sometidos a tareas de esclavitud "durante todo el día e incluso hasta la medianoche, aun con lluvia y a la intemperie".

"También eran privados de alimento, expulsados al exterior en jornadas de frío o durante la noche si se resistían, y se les prohibía mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al lugar", explica el expediente en el que detallan otro tipo de ocupaciones domésticas que debían realizar los menores, como la limpieza de la casa y mantener a los animales. El lugar está ubicado en la zona de La Capilla.

Ante la gravedad de los hechos, por tratarse de delito de reducción a la servidumbre, "la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, solicitó de manera formal y urgente al organismo provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, un informe que detalle las intervenciones de supervisión realizadas sobre los servicios zonales de La Matanza y Florencio Varela en relación con el dispositivo convivencial y los niños y adolescentes allí alojados".

Pettovelló informó que "se requirió el registro de todas las acciones de monitoreo, auditoría o control institucional efectuadas sobre el hogar, así como precisiones sobre las medidas de restitución de derechos adoptadas para resguardar la integridad física y psicológica de los involucrados, incluyendo eventuales medidas de protección excepcional".

Las medidas adoptadas por la cartera incluyeron, además, el "pedido de información sobre el estado de cualquier actuación administrativa, judicial o institucional en curso vinculada al caso". De acuerdo con lo que pudo saber este medio, la investigación judicial determinó que los niños debían mantener bajo secreto lo que sucedía puertas adentro del hogar, que incluía tareas de albañilería, cortar cañas con machetes para construir cercos y juntar en carretillas las heces de 31 perros y dos caballos. Tampoco tenían posibilidad de contacto con el exterior ni de recibir visitas.

El caso salió a la luz hace apenas unos días luego de la denuncia realizada por un adolescente que había residido en el hogar, donde eran acogidos los niños en situación de vulnerabilidad. A partir de esta declaración, efectivos de la Policía Bonaerense arrestaron a las dueñas del hogar, quienes se negaron a declarar ante el fiscal Daniel Ichazo, de la UFI N°8 de Berazategui, y permanecen detenidas. El procedimiento incluyó el secuestro de computadoras, teléfonos y documentación, además de la identificación de las 13 víctimas, todos individualizados por nombre y apellido.

El área de Cibercrimen contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Berazategui, a cargo del subcomisario Matías Giménez, intervino en los allanamientos y secuestró pruebas informáticas y documentación relevante para la causa.

La investigación también apunta a la posible participación de funcionarias públicas en un presunto encubrimiento agravado. Según documentos incorporados al expediente, dos empleadas del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza habrían utilizado su posición para alertar a las responsables del hogar sobre inspecciones judiciales.

Una de ellas, de acuerdo con la acusación, habría avisado por mensaje a una de las dueñas para que "pudiese eliminar toda evidencia que pudiese existir de explotación servil infantil practicada en el lugar y pudiese acondicionar el mismo previo al allanamiento, para ocultar las condiciones de vida en que las víctimas eran explotadas, incluso indicándole el punto de encuentro de la reunión operativa previa al procedimiento y retransmitiéndole con detalles la presencia del personal policial".