Según expuso la fiscalía, “no puede descartarse la posible vinculación de los imputados con una organización criminal de mayor envergadura”. También subrayó que restan analizar peritajes de los teléfonos celulares secuestrados y los informes de geolocalización, considerados clave para determinar si hubo más implicados.

La defensa pidió que, al menos en el caso de la mujer, se considere una medida menos dura como arresto domiciliario. Argumentó que la acusada “no tiene antecedentes penales” y que está “arraigada” en la provincia de Buenos Aires. Reclamó que debe presumirse inocente hasta que se demuestre lo contrario.

La jueza Mariela Giménez compartió el criterio del Ministerio Público Fiscal. Confirmó la prisión preventiva para los dos detenidos, rechazó el arresto domiciliario y dispuso que los peritajes de los teléfonos celulares sean prioritarios, ya que permitirán precisar la participación real de cada acusado.

Además, Giménez habilitó otros peritajes sobre el automóvil y elementos secuestrados.

El operativo que derivó en las detenciones ocurrió el 21 de febrero pasado, en el puesto de control de Gendarmería Nacional en El Naranjo, Rosario de la Frontera. La pareja, ambos habitantes de la provincia de Buenos Aires, circulaba en un Chevrolet Onix registrado a nombre de R.E.C.

La documentación, el relato poco claro sobre el viaje y la ausencia de equipaje acorde con un itinerario turístico encendieron las alarmas de los gendarmes. Durante la inspección, los efectivos advirtieron que el torpedo del auto había sido removido recientemente.

Tras el hallazgo, se secuestró el automóvil y los teléfonos celulares de ambos ocupantes para su análisis posterior.

La primera hipótesis de la fiscalía es que los implicados podrían formar parte de una red mayor de tráfico de drogas o, al menos, cumplir el papel de transportistas contratados por una estructura ajena.