Además de la caída del salario real, los autores del proyecto afirman que la inversión educativa nacional sufrió un descenso del 47,7% durante la actual gestión, y la participación de la educación en el PBI cayó al 0,82% en 2025, el nivel más bajo desde 2005. A esto se agrega la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la ausencia de paritarias nacionales y el veto a leyes de financiamiento educativo. El impacto de estas medidas se traduce en un escenario de ajuste y precarización laboral para los docentes, con consecuencias directas en la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de las escuelas, indicaron los legisladores.

Como parte del complemento salarial, el proyecto prevé que docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal reciban $52.269 mensuales, mientras que quienes se desempeñan en escuelas de alta vulnerabilidad accedan a una compensación adicional de $67.204. De esta manera, el refuerzo total por cargo puede alcanzar los $119.473 mensuales entre marzo y diciembre, priorizando a quienes trabajan en contextos de mayor complejidad social. La medida beneficiaría a más de 916 mil trabajadores de la educación y tendría impacto directo en el bolsillo de quienes sostienen el sistema en condiciones adversas.