La iniciativa también busca equiparar los estándares de aptitud psicológica funcional entre el acceso a cargos técnicos o administrativos y los cargos políticos. Según la diputada, “resulta incongruente desde una perspectiva institucional y democrática que se exijan mayores estándares de aptitud psicológica funcional e integridad para cargos técnicos o administrativos, como docentes o fuerzas de seguridad, que para quienes ejercen la conducción política del Estado”.

El resultado del examen se limitará a informar la condición de “Apto” o “No Apto Funcional” ante la autoridad correspondiente, sin divulgar información sensible sobre el evaluado. Asimismo, en caso de disconformidad con el dictamen, se contempla la posibilidad de revisión ante un comité técnico interdisciplinario, para resguardar el derecho de defensa y el debido proceso.

La medida, según Llano, no representa una restricción arbitraria sino una ampliación razonable del concepto constitucional de idoneidad, en línea con las demandas de la sociedad y los desafíos del sistema político actual.

Según especifica el proyecto, se entiende por Idoneidad Psicológica Funcional la posesión de las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del mando político y la representación popular, comprendiendo, entre otras, las siguientes funciones:

La evaluación por parte de los equipos especializados consistiría en la aplicación de una batería de pruebas de exploración psicológica estandarizadas, validadas para el contexto argentino y enfocadas en la medición de rasgos de personalidad con impacto en el ejercicio del poder, incluyendo: