El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de diciembre de 2025, cuando Guadalupe Agostina Pedraza perdió la vida en una celda de aislamiento donde se encontraba junto a Evelin Romina Charras. La denuncia judicial sostiene que Pedraza permanecía bajo custodia exclusiva del Estado provincial y no contaba con condena firme. Su traslado a Bouwer, según la versión de la familia, buscaba facilitar el contacto con sus allegados durante las fiestas, especialmente con su hija menor.

Además, denuncia que el personal penitenciario demoró la apertura de las puertas pese a los pedidos de auxilio de Pedraza y que otras internas fueron evacuadas antes que ella. “El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, afirmó Romero en la presentación judicial a la que accedió Infobae.

Asimismo, la familia de Guadalupe Pedraza considera que podrían haberse producido delitos como homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación final dependerá de lo que determine la investigación judicial. Por ahora, el eje del planteo apunta a que el Estado provincial asuma la posible responsabilidad civil e internacional por lo ocurrido.

También pidieron que se tome declaración a testigos, internas y personal médico, y que se realicen inspecciones judiciales en la unidad penitenciaria para determinar si se cumplieron los protocolos de emergencia. La familia insiste en la necesidad de acceder a toda la documentación y registros que permitan reconstruir lo ocurrido en la madrugada del incendio.

La causa continúa en el ámbito de la justicia provincial, donde se tramitan nuevas medidas de prueba y se revisan los protocolos de emergencia vigentes en la Cárcel de Mujeres de Bouwer. La familia de Pedraza mantiene el reclamo para que se investigue el accionar institucional, mientras espera respuestas claras sobre las condiciones que rodearon el incendio y la actuación del personal a cargo.