La cifra de retornados contrasta con las dimensiones del problema. Las autoridades ucranianas estiman que más de 19.500 menores han sido deportados o trasladados forzosamente desde territorios ocupados por Rusia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó en 2024 que al menos 200 niños, muchos residentes en instituciones estatales, fueron trasladados dentro de territorios ocupados o a la propia Federación Rusa durante el primer año de la invasión.

El derecho internacional considera estas deportaciones crímenes de guerra. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. La CPI determinó que existen motivos razonables para considerar a ambos responsables de la deportación y traslado ilegales de niños desde zonas ocupadas de Ucrania.

Lvova-Belova ha reconocido públicamente su participación en el traslado de menores ucranianos. En septiembre de 2022, explicó cómo niños inicialmente hostiles hacia Rusia fueron sometidos a un proceso de “integración” hasta que su actitud “se convirtió en amor” hacia el país agresor. La funcionaria adoptó personalmente a un adolescente ucraniano de 15 años originario de Mariúpol.

Desde 2022, las fuerzas rusas han impuesto la ciudadanía rusa y el programa escolar del país ocupante en las regiones anexionadas, eliminando el uso del idioma ucraniano en la educación. Los niños son expuestos a formación patriótico-militar y propaganda de guerra, medidas que violan el derecho internacional humanitario, el cual obliga a la potencia ocupante a respetar la identidad nacional de los menores y preservar la continuidad de su educación y cultura.