El menorDe acuerdo con la resolución, “estas prácticas producen todos los años siniestros viales graves y fatales (varios de ellos con menores de edad) fallecidos o con lesiones irreversibles, hechos reiteradamente difundidos por medios de alcance nacional”, dentro de un espacio de uso masivo y alta concurrencia durante la temporada estival. El juez remarcó que los municipios tienen la obligación de ejercer el poder de Policía, lo que implica regular, controlar e impedir actividades que comprometan la seguridad pública.

Además, apunta al peligro que se genera por la demora ante una “situación que es de público conocimiento -tal como el caso de Bastián, que figura como argumento- respecto a las carreras, picadas y todo tipo de evento similar, donde se registran innumerables cantidad de accidentes que comprometen derechos fundamentales, tales como la vida, la integridad física y la seguridad pública, bienes jurídicos de jerarquía constitucional que imponen una actuación preventiva y oportuna”.