Uno de los argumentos centrales planteados por CAEM se refiere al consumo de agua en la industria minera. En su escrito, la cámara señaló que el sector representa “una fracción muy pequeña del consumo hídrico total” en las regiones donde opera. Según el organismo, en esas zonas aproximadamente el 93% del agua se destina a la agricultura, mientras que las industrias en su conjunto consumen el 7% restante, de los cuales la minería ocuparía apenas el 1%.

El sector recordó además que la actividad minera en Argentina opera bajo un exigente marco regulatorio en materia de manejo de agua. “Para poder operar, cualquier proyecto minero debe presentar un informe de impacto ambiental”, explicó CAEM, haciendo referencia a los requisitos establecidos por la Ley 24.585. Estos estudios, agregaron, se actualizan cada dos años y son auditados por autoridades provinciales con participación de organismos técnicos, universidades y comunidades locales que participan en monitoreos participativos.

La cámara empresaria subrayó que, más allá de los requisitos locales, las empresas han adoptado protocolos y estándares internacionales de sostenibilidad, como HMS/TSM, ICMM, ISO e IRMA. Para CAEM, estos marcos externos “suman capas adicionales de control y mejoran la eficiencia en el uso del agua”.

“El agua cumple múltiples funciones y se reutiliza en gran parte; la minería puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas gracias a planificación, ingeniería y monitoreo permanente”, planteó la entidad en su comunicado, sin dar cifras nuevas pero resaltando la importancia de los estándares técnicos y de gestión adoptados por la industria.

En paralelo, la discusión pública en torno a la Ley 26.639, la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, se ha intensificado, con voces que reclaman claridad y otras que advierten sobre posibles riesgos ambientales si se debilita su alcance.

La normativa, sancionada hace 15 años, creó un inventario nacional de glaciares y prohibió actividades que pudieran afectar su condición natural, con especial énfasis en la minería y la industria de hidrocarburos. El inventario identifica y monitorea todos los glaciares y ambientes periglaciales del país, según la descripción legal vigente.

Sin embargo, un proyecto de modificación enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en diciembre pasado, presentado como “interpretativo”, ha suscitadoEn ese sentido, desde CAEM manifestaron que es “necesario aclarar técnicamente, especialmente sobre las zonas periglaciares”, para evitar que crioformas sin función hídrica relevante sean confundidas con áreas estratégicas. El comunicado agregó que este tipo de confusiones podría generar “restricciones innecesarias sin mejorar la protección real”.

La insistencia del sector minero en este punto responde, en parte, a reclamos que vienen expresándose desde hace meses. Directivos del sector han señalado en ámbitos técnicos que la definición de crioformaciones contenida en la ley actual es demasiado amplia y puede incluir elementos que no aportan de manera significativa al ciclo hídrico, lo que afecta la previsibilidad para desarrollar proyectos productivos.

Representantes de la industria han argumentado que estas imprecisiones legales pueden traducirse en