La norma que instituye este nuevo organismo expresa una decisión política clara que es reorganizar la bioética sanitaria sobre bases más sólidas, académicas e institucionalmente consistentes con el impacto contemporáneo de la ciencia y la biotecnología.

La Secretaría de la CNB estará a cargo de la Dra. Mariana Durand, actual Directora Nacional de Relaciones Institucionales, coordinando el funcionamiento operativo del organismo.

Desde el punto de vista institucional, la CNB está integrada por seis miembros titulares y tres suplentes, designados por su experticia, reconocimiento y trayectoria interdisciplinaria. El decreto también faculta a la CNB a convocar profesionales, organizaciones académicas y representantes de distintos sectores sociales cuando el caso lo requiera. Este mecanismo permite incorporar miradas comunitarias y perspectivas específicas en decisiones que impactan directamente sobre pacientes, familias y la sociedad en su conjunto, fortaleciendo la legitimidad ética del proceso deliberativo.

Este diseño acerca a la Argentina a los modelos adoptados por países que cuentan con consejos nacionales de bioética con capacidad real de incidencia en políticas sanitarias, particularmente en áreas críticas como la investigación en seres humanos, la regulación de nuevos tratamientos, la bioingeniería y la incorporación responsable de tecnologías en salud.

La integración de la CNB combina perfiles con autoridad académica, experiencia sanitaria e inserción institucional, indispensables para abordar problemáticas bioéticas derivadas del desarrollo biotecnológico y de la toma de decisiones.

La complementariedad entre la legitimidad académica y la autoridad técnica, junto con la experiencia institucional, la trayectoria en campo y la participación de actores sociales, constituye uno de los principales activos de la CNB.

La creación de la CNB marca un cambio de paradigma institucional al reconocer que la ética, frente al avance de la biotecnología y la medicina de alta complejidad, no puede improvisarse y que el Estado necesita estructuras expertas, abiertas y creíbles para proteger a los pacientes, ordenar la investigación y fortalecer la confianza pública en el sistema de salud.