En ese tablero inicial, el oficialismo anota en estas horas una alerta sindical. En el discurso, tanto Patricia Bullrich como los jefes de la CGT se declaran abiertos al diálogo, pero eso va de la mano con planteos de máxima. Del lado violeta sostienen que no aceptarán cambios sustanciales, mientras que desde el frente sindical advierten sobre una posible judicialización si el texto sale tal como llegó al Congreso.

El panorama en ese terreno no resulta un dato político menor. El clima ya se había agitando antes de fin de año en la justicia nacional del trabajo, porque junto al proyecto circulaban versiones sobre una avanzada que trascendía por mucho el proyecto de traspaso del fuero al ámbito porteño. Y además, en primeros cruces de información con jefes sindicales, expertos en la materia señalaban posibles focos de reclamos judiciales: desde la extensión del criterio de servicios esenciales en caso de medidas de fuerza, hasta la derivación de ingresos del sistema previsional hacia un Fondo de Asistencia Laboral para cubrir indemnizaciones.

Ese, en rigor, es el terreno en el que el Gobierno se viene manejando con mayor dedicación, como lo expuso la sanción del Presupuesto 2026 a fines de diciembre. Fue una larga negociación. Y todo indica que seguirá siendo así, proyecto por proyecto, en tratativas que combinan el interés de Olivos y los reclamos de los gobernadores: según el caso, ATN, fondos de cajas de jubilaciones, deudas por el pacto fiscal, obras postergadas.

Fuentes legislativas consideran que el punto difundido como central en la agenda con las provincias -la reducción de ingresos por Ganancias- no sería una traba insalvable, porque el cambio en ese impuesto, de fuerte impacto en la coparticipación federal, podría ser gradual. Más atención generarían otros renglones del proyecto, sobre todo en cuanto a potencial litigiosidad.

El Gobierno postergó otros proyectos, densos y que generan dudas sobre su redacción final, como la reforma tributaria. Con todo, asoma un punto de inquietud que supera el manejo propio del oficialismo. Se trata del DNU que reforma la estructura de la SIDE y dispone cambios alarmantes en las atribuciones de los servicios de inteligencia.

El Gobierno -como las anteriores gestiones desde la época de Néstor Kirchner- cuenta con una ventaja: el rechazo vale si lo votan las dos cámaras del Congreso. Herencia de CFK, creadora de la ley que así lo dispone para blindar el poder.