>Movimientos financieros por decenas de millones de dólares, transferencias a entidades sin actividad real y un entramado de relaciones opacas marcan la administración de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su cuenta en Estados Unidos. Según una investigación de La Nación, al menos USD 42 millones distribuidos desde esa cuenta llegaron a cuatro sociedades registradas en Florida que carecen de empleados y actividades declaradas, cuyos titulares presentan antecedentes de insolvencia y relaciones sociales poco vinculadas al mundo empresarial. Estas operaciones se suman a un circuito bancario global que en cuatro años canalizó más de USD 260 millones, sin transparencia suficiente sobre el destino final de los fondos ni sus verdaderos beneficiarios.

Los ingresos canalizados por TourProdEnter provenían en su mayoría de empresas patrocinadoras y compañías vinculadas a la Selección Argentina, como Adidas, cuyas transferencias en Bank of America sumaron USD 78,6 millones. También destaca la participación de Argentina Football Distribution (encargada del streaming AFA Play) y Reporter Broadcasting Company, que explican parte importante de los ingresos. Sin embargo, no todo el flujo se dirigió a actividades institucionales: una fracción considerable tuvo como destino Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediario para la operatoria de cambio de bonos, pasando por jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y Argentina.

Al menos USD 42 millones se depositaron en Soagu Services LLC (USD 10,8 millones), Marmasch LLC (USD 13,4 millones), Velp LLC (USD 3 millones) y Velpasalt LLC (USD 14,7 millones), sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Florida que carecen de empleados, no registran actividad comercial y muestran los rasgos de “sociedades fantasma” utilizadas como vehículo para canalizar fondos a individuos no identificados.

Por ejemplo, Javier Alejandro Ojeda Jara, asociado a Soagu Services LLC, enfrenta deudas millonarias en Argentina y trabaja en una farmacia en Bariloche. Su pareja, Mariela Marisa Schmalz, titular de Marmasch LLC, también reside en esa ciudad y cuenta con antecedentes judiciales y bancarios negativos. Un patrón similar se observa en el caso de Verónica Inés López, responsable de Velp LLC, y su pareja Roberto Salice, vinculado a Velpasalt LLC, quien fue declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude, con el proceso cerrado por ausencia de activos. Al ser consultado, Salice negó vínculos con TourProdEnter LLC y aseguró que su papel era únicamente el de “manager”.

Las direcciones registradas en Miami para estas sociedades corresponden a servicios de “oficina virtual” ofrecidos en alquiler temporal, y no se encuentran en los listados de empresas del edificio donde constan como domiciliadas. Además, dos de las firmas utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas..

Allegados a la administradora de TourProdEnter afirmaron que esa firma cumple con la organización logística y financiera de la AFA según lo estipulado por contrato. Por parte de Adcap Uruguay, voceros insistieron en la regularidad y formalidad de sus operaciones. Intentos de contactar a los titulares de las sociedades señaladas resultaron infructuosos.

El documento fue aprobado en asamblea presidida por Claudio Tapia, quien destacó el alcance del “fair play financiero” y la renegociación de contratos de sponsors. Sin embargo, hasta entonces en los balances la AFA agrupaba a sus deudores bajo categorías genéricas que impedían identificar a los actores individuales y rastrear el flujo de dinero.

Dentro de la AFA, Tapia y su equipo defendieron la gestión financiera y el superávit obtenido tras el Mundial de Qatar, justificando la operatoria internacional como respuesta al cepo cambiario en Argentina. No obstante, la negativa a transparentar la trazabilidad y a identificar a los beneficiarios finales de las transferencias mantiene abiertos los interrogantes sobre la integridad del sistema montado.

La investigación que realiza la Justicia argentina por presunto lavado de dinero en torno a la propiedad de una mansión de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar, podría tomar un giro relevante este lunes, cuando Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte comparezcan por primera vez ante el juez Marcelo Aguinsky. Ambos están acusados de oficiar como testaferros de los principales dirigentes de la AFA, que serían lo verdaderos dueños de la casona.

Las pesquisas contra Pantano y Conte se centran en su sociedad, Real Central SRL, titular no solo de la mansión investigada, sino también de cincuenta y cuatro vehículos de lujo y colección y de una residencia en el barrio Ayres Plaza de Pilar. Durante la instrucción, la justicia procedió a levantar el secreto fiscal, bancario y tributario de ambos, constatando que ni Pantano ni Conte presentan fondos declarados ni capacidad contributiva acorde con el valor y volumen de los bienes a su nombre. Esta comprobación ha reforzado la hipótesis judicial de que ambos serían prestanombres.