Con esto, el Gobierno intenta favorecer la articulación entre organismos nacionales y extranjeros, garantizando la confidencialidad y el uso restringido de la información, frente a la creciente sofisticación de los delitos financieros y la presión internacional para cumplir con estándares globales.

El nuevo régimen detalla que los intercambios de información entre los organismos de control nacionales deberán realizarse de manera directa, pero siempre informando a la UIF sobre el contenido, el objeto y el procedimiento en el que se enmarcan. Los requerimientos deberán canalizarse a través de los Oficiales de Cumplimiento designados en cada organismo, utilizando vías electrónicas seguras y especificando el motivo, el detalle de la información solicitada, el nivel de urgencia y una declaración de uso restringido. Una vez recibida la información, el organismo solicitante tendrá un plazo de cinco días para remitir la respuesta a la UIF.

La resolución también deroga la normativa anterior (Resolución UIF N° 30/2013) y ratifica la vigencia de los acuerdos y memorandos de entendimiento que los organismos puedan celebrar en el futuro, siempre que se respete la confidencialidad y el uso específico de la información. En este sentido, el texto enfatiza que “la información recabada en el marco de lo establecido por esta resolución solo podrá ser utilizada para los fines y propósitos para los que fue provista”.

Sobre al cuestión de la confidencialidad, la normativa recuerda que el artículo 22 de la Ley N° 25.246 establece que “los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera (UIF) están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. La obligación de guardar secreto subsistirá no obstante haberse producido el cese de las funciones en virtud de las cuales se accedió al conocimiento de la información”. La violación de este deber puede ser penada con prisión de 6 meses a 3 años.