>Como era de esperar, representantes de empresas y el campo apoyaron este miércoles, con algunas observaciones menores, la ley de reforma laboral que empuja el Gobierno libertario, que se discute en un plenario de las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto del Senado. Del otro lado se mostraron los sindicatos, con fuertes críticas desde ambas CTA, que son muy cercanas al kirchnerismo, y una CGT que auguró inevitables problemas de constitucionalidad.

El primer invitado de la tarde fue el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini. “El régimen actual fracasó para generar empleo formal y para reducir la informalidad”, lanzó, y habló luego de un “fracaso con consecuencias sociales enormes, estancamiento, baja productividad y con el trabajo formal como excepción”, señaló.

Según Rappallini, “el corazón del problema es litigiosidad laboral, con un sistema que está en crisis”. En esa línea, manifestó que “la siniestralidad bajó 70% en 10 años, las empresas invirtieron para mejorar procesos, e igual se volvió cada vez más conflictivo”.

Por último, la entidad elogió la ley en cuatro aspectos: mayor previsibilidad jurídica; modernización del marco normativo -para adaptarse-; dinamizar la negociación colectiva -revisión de la ultra actividad-; y creación de empleo con la reducción costo no salarial.

En tanto, la referente de la Mesa de Enlace y vice de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloisa Frederking, celebró la incorporación del capítulo agrario para tener “menos burocracia” y recordó la importancia de “no alejarse” de los avances tecnológicos. A su lado estuvo el asesor legal Ignacio Forconi, quien añadió que sostener el statu quo es una “irresponsabilidad”, ya que “cinco de cada diez trabajadores no tienen protección real”.

Desde CAME, Juan Pablo Diab direccionó la lupa a una fórmula indemnizatoria “no óptima”, más allá de estar a favor del espíritu del proyecto. También hizo observaciones sobre derechos colectivos, el riesgo de la puja entre convenio menor versus mayor, y denostó el artículo 128, que prohíbe financiamiento de entidades, algo que sí se mantendría para gremios.

Por la CTA Autónoma, Hugo Godoy denunció que la “magnitud” del articulado “no alcanza para ser debatido en diez minutos”, y dejó en claro que la finalidad del proyecto libertario es “acrecentar explotación y volver al siglo XIX″.

Según Godoy, la ley Bases que priorizó la Casa Rosada en 2024 fue la que generó la “pérdida de 240.000 puestos” de trabajo y que la iniciativa que ahora quiere el Ejecutivo “sólo prioriza el desarrollo agropecuario, la minería” y la explotación de petróleo y gas >Por su parte, el diputado kirchnerista y secretario general de la otra CTA, Hugo Yasky, pronosticó consecuencias negativas y agregó que “va a resultar muy trabajoso reconstruir en el futuro”, ya que lo discutido representa “una especie de himno a la desigualdad”, con “eliminación de Bienes Personales, pero sigue Ganancias para los trabajadores”.

El triunvirato de la CGT apareció sobre el final de la jornada y se opuso -sin show ni virulencia- al plan libertario. Primero, Jorge Sola (Seguros) indicó que el espíritu parte de “una filosofía inconsulta” con la central sindical, y blindó los convenios colectivos que desde 2005 permiten “saber lo que cada uno necesita y tiene”. No olvidó los “problemas de constitucionalidad”: habló del artículo 14 de la Carta Magna y el error de poner “al trabajador en igualdad de condición que el empleador”.

Después de un puñado de quejas de otros disertantes relacionadas con Ganancias, aunque más enfocadas en quebrantos, por ejemplo o en pisos indexados a precios, la titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, invitó a una pareja de emprendedores en Junín que se hicieron conocidos en los últimos días por estar a punto de desaparecer. El detalle que dieron en el plenario: sentencia de $14 millones pasó a $190 millones. Se le sumó un embargo por $330 millones.