El hecho tuvo lugar en la antesala de una movilización prevista para el jueves 18 de diciembre, en la que la CGT y otros sindicatos protestarán contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y en defensa del empleo registrado. Para la central, la cercanía temporal entre el hecho y la manifestación fortalece la hipótesis de una acción orientada a desalentar la participación sindical y social. Sin embargo, lejos de retroceder, la conducción de la CGT ratificó la movilización como respuesta.

La denuncia pública se enmarca también en el debate sobre los límites de la conflictividad social y el rol del Estado en la protección de derechos fundamentales como la libertad sindical y la protesta. Desde la CGT advirtieron que los “mensajes de odio y antidemocráticos” no deben naturalizarse y reclamaron una reacción institucional contundente para garantizar la democracia y la seguridad de las organizaciones gremiales.