Los L’Abbate operaban con dos brazos: la inmobiliaria Induplack e Induplack Fiduciaria SA, que administraba los fideicomisos, hoy con un rojo de más de 100 millones en cheques sin fondo.

Con el tiempo, las demandas y causas judiciales comenzaron a apilarse. Induplack no entregaba los departamentos. El grupo sangraba por deudas, atravesado por escraches online de sus víctimas.

Entre 2021 y 2022, el grupo Induplack se multiplicó con casi una decena de empresas, la gran mayoría cáscaras vacías. Los L’Abbate ofrecieron una explicación al respecto:

Un expediente un tanto particular se acumuló a la causa de la jueza González y la fiscal Cuñarro. El expediente investiga el fondo común “Quinquela +Predial Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Ley 27260”, que involucró a los L’Abbate. El registro del fondo fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores en 2017. “Los beneficios para los inversores se centraban en que, adquirían la titularidad de unidades funcionales que luego podrían ser vendidas”, apuntó González.