El eje central del proyecto reside en la decisión de cobrar por la prestación de servicios de salud pública y educación superior a extranjeros que no hayan adquirido la residencia permanente. Esta medida, según la autora, responde a la necesidad de proteger los recursos provinciales y garantizar que el financiamiento de estos servicios recaiga principalmente en quienes contribuyen de manera regular al sostenimiento del sistema.

La propuesta establece que los fondos recaudados a través de estos aranceles se destinarán a la creación de dos fondos especiales: uno para salud y otro para educación. El Fondo Especial para la Salud Pública se nutrirá de los ingresos generados por el cobro a extranjeros y tendrá como destino exclusivo el financiamiento de la atención y los servicios en hospitales y centros de salud provinciales, la adquisición y mantenimiento de equipamiento médico, la capacitación del personal y la mejora de la calidad sanitaria. El texto detalla que estos recursos también podrán atender otras necesidades del sistema público de salud que determine el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud o el organismo que lo reemplace.

El proyecto contempla excepciones en situaciones de urgencia o emergencia médica, así como para víctimas de trata de personas, refugiados y solicitantes de asilo. En estos casos, la provincia garantiza la prestación de los servicios de salud, aunque la autoridad sanitaria podrá buscar el recupero de los gastos incurridos. El articulado aclara que, para estos supuestos, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones de la ley Nº 3.431, en la medida en que resulten pertinentes.

La administración y reglamentación de la ley quedaría en manos de los ministerios de Salud y de Educación y Derechos Humanos de la provincia, que tendrían la potestad de dictar las normas necesarias para su implementación dentro de sus respectivas competencias.

En los fundamentos del proyecto, la diputada Buchiniz sostiene: “El Estado no puede ser un financiador ilimitado de servicios para personas que no contribuyen de manera efectiva a su sostenimiento”. También argumenta que el sistema público de salud y educación de la provincia se financia con los aportes de los ciudadanos neuquinos y argentinos, y que resulta injusto que quienes no han contribuido ni tributado de manera regular accedan gratuitamente a prestaciones de alto costo. La legisladora enfatizó que “los recursos del contribuyente no pueden ser confiscados para sostener obligaciones que no le corresponden”.

El texto subraya que la propuesta no implica un abandono de la solidaridad ni del humanitarismo, ya que garantiza la atención en casos excepcionales y prevé mecanismos de protección para los grupos más vulnerables. Sin embargo, fuera de esos supuestos, la diputada consideró que “es justo que quienes no forman parte del contrato social provincial paguen por los servicios que demandan”.

“La Provincia del Neuquén tiene derecho a resguardar sus recursos y a velar por el bienestar de quienes efectivamente los generan y sostienen con su esfuerzo. Establecer aranceles a los extranjeros en salud y educación es un acto de justicia fiscal, de respeto al contribuyente y de defensa de la libertad frente al abuso del gasto público indiscriminado”, concluyó la diputada Buchiniz entre los argumentos.

Otra provincia que se sumó a esta iniciativa fue Mendoza, En Santa Cruz A mediados de septiembre, la Legislatura de Jujuy reglamentó