El texto aprobado recibió 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones, y otorga a las empresas un año adicional para adaptarse a las nuevas reglas.

El Parlamento explicó que “los nuevos plazos tratan de garantizar una adaptación fluida y el refuerzo del sistema informático que los operadores, comerciantes y sus representantes utilizan para realizar declaraciones de diligencia debida electrónicas”.

El principal promotor de que la rúbrica se realice antes de que finalice el año es el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien inicialmente buscaba que se firmara el mismo día en que se celebraría la cumbre de jefes de Estado del Mercosur —bloque del cual es presidente pro tempore— en Foz de Iguazú.

Sus beneficios impulsarían las exportaciones de los sectores agroindustriales, energéticos y mineros del Mercosur, mientras que la UE obtendría seguridad de abastecimiento de alimentos, energía y minerales críticos, además de una mayor presencia en América Latina.

Todavía persisten tensiones, entre ellas la preocupación de algunos sectores europeos por el impacto ambiental de las exportaciones regionales. De concretarse, la implementación del acuerdo facilitará la reducción de aranceles, la apertura de mercados y la mejora de la cooperación económica entre ambas regiones.