El informe documenta una táctica para criminalizar y silenciar a líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y exfuncionarios anticorrupción. Esta práctica se intensifica mediante campañas de desprestigio digital, denuncias penales y procesos sin fundamento.

El clima político se tensionó aún más tras la victoria electoral de Bernardo Arévalo en 2023. La Fiscalía intentó impedir su asunción con procesos judiciales calificados de espurios por observadores nacionales e internacionales. Conforme a lo señalado por las organizaciones sociales, estas maniobras buscan aislar y desalentar a quienes se oponen al régimen judicial, alimentando una atmósfera de miedo y autocensura.