En cuanto a las responsabilidades, la entidad del agro señaló que los intendentes municipales tienen a su cargo el mantenimiento de la red vial rural, financiada a través de la tasa vial, guías de traslado y una porción del impuesto inmobiliario rural. Sin embargo, la entidad denuncia que una parte significativa de estos fondos se desvía hacia otros gastos, lo que se traduce en caminos intransitables y un aumento de los costos logísticos para productores y consumidores.

A nivel nacional, el informe recordó que el Estado recauda más de USD 1.000 millones anuales en retenciones solo en esta región, además de contar con un fondo hídrico de infraestructura alimentado por un impuesto específico sobre los combustibles. Pese a ello, el Presupuesto Nacional 2026 no contempla partidas para las obras del Salado, una omisión que la organización rural considera de alto impacto económico.