El caso de México ilustra la intersección entre el riesgo institucional y la inversión extranjera. En junio de 2025 se celebró una reforma sin precedentes: la elección popular de jueces federales, medida que expertos internacionales han calificado como una posible amenaza a la independencia judicial. Ello coincide con el alza del índice de confianza en México del informe del Adam Smith Center, lo cual explica parte de su posición de riesgo elevado en el ámbito institucional.

El panorama macroeconómico de la región ofrece señales de alerta. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el crecimiento estimado para América Latina en 2025 se sitúa alrededor del 2,4 % y se proyecta un crecimiento aún menor para 2026, lo que confirma el marco de crecimiento lento que detecta el estudio del Adam Smith Center for Economic Freedom. Esta moderada expansión limita la capacidad de reactivación cuando los riesgos político-institucionales y sociales ya están elevados.

Sin embargo, según Human Rights Watch, las autoridades salvadoreñas han cometido “detenciones arbitrarias y abusos de poder”, y muchas de esas detenciones “parecen basarse en la apariencia física o en condiciones socioeconómicas más que en pruebas creíbles”. En otro informe, la organización denunció que policías reconocieron practicar detenciones sin orden judicial bajo la lógica de “primero detener, luego investigar”, en lo que calificó como un patrón de represión institucional.

En la fotografía por país, el riesgo económico más bajo del año corresponde a Argentina (2,74) y Paraguay (2,76), mientras que Bolivia (3,91) encabeza las alertas y México (3,61) le sigue.

En el plano internacional, la rivalidad entre EEUU y China gana peso como riesgo. Panamá es el país más expuesto (4,91) por la centralidad del Canal; México y Chile también quedan en de “alerta”. Paraguay exhibe el riesgo más bajo por su alineamiento con Washington y su vínculo diplomático con Taiwán.

En recomendaciones de inversión, los expertos muestran un alto optimismo con República Dominicana y Paraguay, y una recuperación de confianza en Argentina; Chile, Panamá y Perú se ubican en una zona de optimismo vigilante. México y El Salvador son los más negativos por la incertidumbre institucional y el Estado de derecho.

Los autores —Erich de la Fuente (director del proyecto), Carlos Díaz-Rosillo (director fundador del centro), Eduardo Gamarra y Sary Levy-Carciente— sostienen que el reto es convertir la resiliencia en estrategia: reconstruir instituciones creíbles, blindar el Estado de derecho y coordinar la seguridad, la inclusión y la productividad para reducir el riesgo país.