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31 de octubre de 2025

Decenas de familias colmaron la morgue de Río de Janeiro en busca de respuestas tras la redada contra el Comando Vermelho

Más de un centenar de cuerpos seguían sin identificar tras el operativo más mortífero en la historia de la ciudad, mientras aumentan los reclamos de familiares por el uso de la fuerza policial

>Familiares de las víctimas del operativo policial contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro ocuparon los alrededores de la morgue local, intentando identificar los cuerpos tras la redada que dejó al menos 121 muertos, incluidos cuatro agentes de policía.

La policía realizó incursiones en favelas del norte de la ciudad con el objetivo de desmantelar estructuras del Comando Vermelho, la principal facción vinculada al narcotráfico. Tras los enfrentamientos, habitantes de las zonas afectadas relataron que muchos cadáveres fueron hallados por residentes en áreas boscosas y luego trasladados hasta el Instituto Médico Legal por sus propias familias.

Los relatos de vecinos y organizaciones de derechos humanos incluyeron denuncias de signos de tortura y víctimas con manos atadas.

Por su parte, el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, defendió la operación y afirmó que “las únicas víctimas reales” fueron los policías caídos, atribuyendo al Comando Vermelho la totalidad de los fallecidos civiles.

El saldo trágico de la redada llevó a la reacción inmediata de sectores políticos y organismos internacionales. Congresistas liderados por la diputada Taliria Petrone visitaron la favela de Penha para dialogar con vecinos y recopilar denuncias, pidiendo “verdad, justicia y responsabilidad” tras la nueva masacre.

Funcionarios del gobierno federal indicaron que no estaban al tanto del despliegue hasta después de los hechos. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, reconoció la falta de comunicación previa y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva instó a combatir el crimen de forma coordinada, sin exponer a las fuerzas de seguridad ni a familias inocentes.

Lula firmó este jueves una ley que refuerza la protección de los agentes dedicados a combatir el crimen organizado.

El operativo produjo el cierre de escuelas, suspensión de servicios públicos y restricciones en las principales vías de la ciudad.

Mientras avanza la identificación de cadáveres en la morgue, la demanda de explicaciones y justicia se extiende entre las familias afectadas.

La acción policial se concentró en Campinas, al sureste de San Pablo, donde oficiales ejecutaron nueve órdenes de arresto y once de allanamientos, con el objetivo de desarticular esquemas de lavado que involucraban a empresarios, influenciadores y narcotraficantes.

Durante el operativo, las fuerzas decomisaron inmuebles y congelaron cuentas bancarias. Se sospecha que los implicados mezclaban fondos del tráfico de drogas con actividades comerciales legítimas para ocultar su origen. Medios locales informaron que resultaron detenidas cuatro personas y un sospechoso murió en la operación. Las autoridades no han entregado detalles oficiales.

Las autoridades calcularon que el PCC pudo haber lavado cerca de 10.000 millones de dólares entre 2020 y 2024 solo a través de la cadena de combustibles.

(Con información de Reuters y EFE)

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